En una emboscada cayó el movimiento estudiantil en la Universidad Central de Venezuela (UCV) este jueves 3 de abril, cuando la Guardia Nacional y la Policía Nacional Bolivariana les impidió iniciar una marcha de protestas.
Los jóvenes intentaban trasladarse hasta la sede de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) en la Campiña, Caracas, para expresar su condena al desempleo y a la crisis económica, de creciente intensidad en lo que va de año.
Impedido el paso por la arremetida de perdigones, bombas lacrimógenas y el avance de «la ballena» (blindado antimotín), los estudiantes buscaron refugio en la UCV, pero allí eran esperados por grupos paramilitares armados con palos, martillos y algunos con armas de fuego.
El resultado es conocido. Las fotos de este hecho han recorrido el mundo. Cuesta trabajo admitir que en una institución universitaria, emblema de civilidad y Patrimonio de la Humanidad por su riqueza cultural y artística, se viole tan ostentosamente la autonomía universitaria y la represión alcance niveles tan elevados, matizados de sadismo.
Si se había logrado el objetivo de evitar la marcha opositora de los estudiantes, por qué ese ensañamiento adicional, esa cuota extra de crueldad en la cual, como si no fuera suficiente el daño físico, hay que apelar a la humillación humana, desnudando a dos jóvenes en medio de las golpizas, hecho ampliamente registrado in situ.
Juan Requesens, presidente de la Federación de Centro Universitarios en la UCV, aseguró que otro de los jóvenes golpeados ante las cámaras (uno de los agresores usaba un martillo) está desaparecido; «no hay garantías de nada», agregó, los grupos violentos «van y vienen impunemente».
La rectora de la UCV, Cecilia García Arocha, declaró que los grupos que protagonizaron los hechos violentos entraron «delante de la Guardia Nacional», sin embargo, el presidente Nicolás Maduro acusó a los rectores de las universidades autónomas de apoyar las «bandas fascistas», responsables de la violencia.
Mientras estos hechos tenían lugar en la UCV, en el palacio de Miraflores el Presidente venezolano dejó constituido el Consejo de Derechos Humanos, adscrito a la Vicepresidencia Ejecutiva, una «instancia especial» creada por decreto.
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) denunció la agresión a seis reporteros y el robo de dos cámaras de video al equipo multimedia de El Nacional que había grabado, en detalle, el uso de armas de fuego. /Fotos: Rafael Hernández Marcano
Entre golpe y golpe, despojado hasta de sus prendas íntimas
Varios estudiantes heridos
