En Cuba la historia de la confiscación de bienes materiales a transitado por caminos bien turbios y mediante mecanismos injustos, arbitrarios y colmados de abusos de poder.
Para ahondar en el tema del vandalismo gubernamental se impone remontarnos a la Sierra Maestra en el Oriente del país, principal centro de operaciones de la guerrilla comunista, y donde muchos campesinos sufrieron el despojo de animales y productos agrícolas; ya desde entonces los famosos barbudos albergaban el instinto del bandolerismo y el bandidaje.
El triunfo de sus aspiraciones a inicios de 1959, acabó por consolidar su sed de riquezas, y surgieron las leyes de confiscación de bienes, dentro de ellas: La ley de Reforma Agraria, con la consiguiente confiscación de las tierras, el decomiso de viviendas, la nacionalización de industrias y negocios privados, todo mediante la premisa de “ponerlo en manos del pueblo humilde”.
Después de más de medio siglo de abusos de poder, explotando leyes arbitrarias e injustas en detrimento del pueblo, las confiscaciones y todo los denigrantes mecanismos que de ello se desprende, continúan vigentes para los mas desprotegidos de la sociedad.
Para ello existen suficientes instrumentos de represión: la Policía, la Fiscalía, el Cuerpo de Inspectores populares e integrales; entre otros muchos bandoleros, que viven a costa de la impunidad concedida por los santurrones marxistas de la nomenclatura.
El siguiente ejemplo expone fehacientemente la confabulación de las autoridades judiciales con los órganos de represión al servicio del régimen.
El pasado 1ro de Febrero un grupo de trabajadores por Cuenta Propia, vinculados a la venta de productos agropecuarios en el mercado estatal del municipio La Lisa, en La Habana, regresaban de hacer sus compras en el Mercado Mayorista, conocido como “El Trigal”, en un camión alquilado en la citada entidad. Ya en la avenida 51, esquina 122, del municipio Marianao, el vehículo donde venían fue abordado por un carro policial y desde ese momento comenzó la odisea, concebida por sus victimas como un típico asalto a mano armada.
Julio Castillo Martínez, uno de los afectados en el atraco policial narra los pormenores. “El camión presentó problemas con el documento de revisión técnica y fuimos a parar a la 6ta Unidad de la PNR. Le aplicaron una multa al chofer y le retiraron la matricula, ya para ese momento habían llamado a los inspectores integrales del municipio. Los siete cuentapropistas contábamos con nuestros documentos en regla, la mercancía que traíamos estaba legalmente amparada con su factura de compra… Sin embargo, la mercancía nos fue decomisada sin un motivo de ilegalidad, encima se nos aplicó una contravención por un monto de 700.00 pesos, y cuando quisimos hacer un reclamo nos amenazaron con meternos presos…”
“Apelamos a la Fiscalía y al Consejo de Estado, y no hay respuestas. Los productos agrícolas que habíamos adquirido están valorados en 16 000. 00 $ cup. No tenemos a quien acudir. Fuimos asaltados por los representantes del gobierno, estamos desamparados legalmente y para más, nos exigen el pago de los impuestos y la renta de la tarima. No hay respeto por la propiedad privada, el propio estado aprueba el vandalismo, pero es bueno que se conozca en el mundo; mas ahora que muchos empresarios extranjeros están invirtiendo en este país donde rige un sistema que no respeta, ni cumple con los acuerdos comerciales, mucho menos con el derecho a la propiedad de sus ciudadanos”.
Carta enviada a la Fiscalía y que aun está sin respuesta.
Lunes, 8 de enero de 2016
Compañero (a):
Mi nombre es Javier Guanche Ayala, tengo 29 años y ejerzo el ejercicio del trabajo por cuenta propia que contempla la Resolución No. 42 del 22 de agosto de 2013 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, específicamente la actividad de (carretillero) desde el mes de julio de 2015.
Para el ejercicio de esta actividad, realizo las compras, para lo que estoy autorizado, en la Cooperativa Mercado Abasto “El Trigal”, en el cual contrato un transporte que lo utilizo, como todos los que acudimos ahí, para el traslado de los productos que adquiero en el mencionado Mercado, operación que semanalmente he venido realizando desde que se me autorizó la licencia para ejercer dicha actividad.
Por este medio me dirijo a ustedes con el objetivo de informarles de una situación que se me presentó en días pasados y que considero, he sido junto a otros compañeros, objeto de una extrema violación de mis derechos. A continuación les relato con detalles lo sucedido.
El pasado 1ro de febrero del presente año acudí, como regularmente lo he hecho en otras ocasiones al Trigal, para realizar la compra de los productos agrícolas que utilizo para la comercialización establecida dentro de mi actividad, alquilé un camión junto a otros cuentapropistas que también se dedican a este tipo de trabajo, 5 trabajadores que laboran en un Mercado Estatal (MAOD), ubicado en 160 y 51 Municipio La Lisa y otro carretillero; en total éramos 7 trabajadores los que alquilamos el mismo camión ese día.
Javier Guanche Ayala CI 86041502904 (Carretillero)
(Trabajadores del Mercado Estatal MAOD)
Daniel Reinaldo Castro Bonachea CI 76092902426
Yuniel Velázquez Sánchez CI 85013026365
Yumaike Sánchez Vicet CI 88102034387
Julio Castillo Martínez CI 59112701729
Erick William Lugo Corrales CI 93022700667
Cuando veníamos con la mercancía alrededor de las 6: 30 o 7:00pm, el camión fue parado por un patrullero en 51 y 122 Municipio Marianao, le solicitan los documentos al chofer y este presentó problemas con el papel que acredita la revisión técnica del vehículo, popularmente conocida como (Somatón), nos trasladan hacia la 6ta estación policial cita en 31 y se procede a aplicarle multa y al retiro de la chapa. Inmediatamente, se personan en el lugar 3 inspectores integrales que consideramos, hayan sido solicitados por los patrulleros. Nos indican que nos bajáramos para mostrar la mercancía que trasladábamos, se nos solicita la documentación la que les fue mostrada inmediatamente. En mi caso presenté la licencia, el carnet que me avala como contribuyente de la ONAT, y el comprobante de pago de la entrada para efectuar la compra de los productos en el Trigal, este último, único documento que el mencionado mercado entrega. El resto de los trabajadores del Mercado mostraron la documentación que los acredita como tal, así como también el comprobante de pago antes mencionado, solo un trabajador de los nombrados con anterioridad, no portaba su identificación, documento que fue mostrado y aclarado un rato después, cuando se localizó a la administradora del mercado que acudió inmediatamente al lugar.
A pesar de no haberse detectado ninguna violación en la documentación, excepto el caso que menciono en el párrafo anterior, que es al que con razón se le podía aplicar una multa, no tengo conocimiento si fue la que requería para tal situación ( $1500.00 ) o si se fue al extremo, no tengo conocimientos legales para realizar tal juicio; se me retiró la licencia, se me aplicó una multa de $700.00, se le aplicó multas a 4 de los trabajadores del mercado que venían en el camión por el mismo valor, excepto a Julio Castillo Martínez y se decomisó la mercancía en su totalidad, incluyendo la del compañero mencionado al cual no se le aplicó multa, los inspectores realizaron una llamada por teléfono a la jefa de inspectores del municipio de Marianao, lugar donde nos encontrábamos y esta compañera, que estando fuera de sus funciones por estar de vacaciones y sin presentarse en el lugar para cerciorarse de lo que estaba sucediendo y sin conocer si los procedimientos fueron los correctos, ratificó la decisión de ellos de efectuar el decomiso y la aplicación del resto de las sanciones impuestas. El decomiso se efectuó en el mercado estatal de 69 y 116 en Marianao.
En mi caso específico, se me impuso una multa con argumentos bochornosamente falsos, difamatorios, muy alejados de la verdad que en ese lugar aconteció, planteándose que se me aplicaba el decreto ley 315 por comercializar artículos o productos o prestar servicios no contemplados en la descripción del alcance de la actividad para los que está autorizado. (Textualmente eso es lo que dice el artículo pero no lo que realmente sucedió. Se me acusó y sancionó por una extrema MENTIRA que no voy a aceptar y que espero que el proceso de apelación que está en curso, tenga la finalidad justa que esperamos, por cuanto, bien distante de lo que se plasmó en el documento de la multa (que por indicación pagué), lo que estábamos realizando, fue el traslado de la mercancía para mi casa que es el lugar donde la almaceno para posteriormente comercializarla en mi carretilla como vendedor ambulante.
Los inspectores que efectuaron el chequeo de inspección se nombran, Luz Marina Díaz (M007) y Reynaldo Salvat (M029). Ambos procedieron de manera sumamente inadecuada, haciendo abuso de poder, de manera extremadamente desajustada y muy lejos del cumplimiento del código de ética que debe primar, por encima de cualquier cosa, en funcionarios estatales que su tarea es educar a la población y hacer cumplir la ley. No se nos permitía prácticamente hablar cuando solicitamos una explicación de los motivos que tenían o las causas de la aplicación arbitraria y autoritaria con que se estaban aplicando estas medidas, por el contrario dejaron claro con su actuación que ellos son la ley y que no podemos exigir nuestros derechos, nos sentimos desprotegidos y pisoteados por estas personas. Plantearon que si queríamos apelar debíamos hacerlo en la dirección provincial de inspección, cita en Neptuno y Lucena en el Municipio Centro Habana.
El día 2 en horas tempranas de la mañana nos presentamos en dicho lugar y fuimos atendidos por una compañera que se encarga de la atención a la población, nos escuchó y nos dijo que nuestra reclamación debíamos hacerla en la dirección municipal de inspección por cuanto las sanciones fueron impuestas en este lugar, que no sabía por qué fuimos enviados allá. No entendemos cómo es posible que una dirección provincial que es el Organismo inmediato superior de un Municipio, no tenga una explicación convincente para casos como este y nos indique ir al Municipio para realizar la apelación porque ellos no son los que tienen que atendernos.
Salimos de ahí y nos dirigimos hacia el Municipio del Partido de Marianao en busca de una orientación y que se nos escuchara, nos recibió un compañero que atiende las quejas de la población, se le explicó lo sucedido y se comunicó con la dirección municipal de inspectores a los que les comunicó la situación y que nos dirigíamos hacia allá. Al llegar nos atendió la subdirectora nombrada Sara, nos explicó que el procedimiento de apelación requería un documento escrito donde se explicara todo lo acontecido, el cual redactamos en dicha instalación, nos informó que el recurso de apelación tiene una duración de 20 días y que debíamos pagar la multa que es lo que se establece según la ley, así lo hicimos.
Preguntamos todo cuanto consideramos que fuera necesario para ganar en claridad y nos informó que en caso de que el recurso de apelación fuera efectivo a favor de nosotros, como esperamos, se nos devolverían los documentos, se nos exoneraría de la multa (devolución del dinero) y se nos resarciría las pérdidas monetarias, por concepto de la mercancía, que se remontan a más de $10. 000 pesos (el costo total fue entregado con el recurso de apelación). Nos afirmaron que la mercancía no podía ser utilizada hasta tanto no se nos diera respuesta a la apelación y sin embargo conocimos que mientras estábamos tramitando nuestras quejas, la mercancía estaba siendo vendida en el Mercado donde fue decomisada. Por supuesto entendemos que el decomiso de alimentos no puede esperar 20 días como establece la ley, pues son productos que se pierden, pero no fue eso lo que nos explicaron, incluso hicimos referencia a este aspecto y se nos precisó que seríamos resarcidos.
En espera de que transiten los días de la apelación, se llamó a la dirección de inspectores municipales de Marianao y se nos comunicó que el día lunes 8 de febrero alrededor de las 12 del mediodía nos presentáramos, no sabemos con qué objetivo porque cuando fuimos el día y a la hora antes mencionada, la compañera Sara, que suponemos era la persona que debía atendernos, no se encontraba en el lugar, esperamos un tiempo prudencial y nos retiramos, horas después hicimos una llamada telefónica y nos informaron que la compañera estuvo en el lugar pero que ya se había retirado.
Vamos a continuar llamando a esta dirección de inspectores que debe ser la entidad encargada de darnos un veredicto final el día 22 de febrero, fecha tope del recurso de apelación. Solo esperamos que de la misma forma en que la ley se aplica para todo aquel que la viola, comete infracción o delito, sea igualmente aplicada para aquel, que siendo responsable de hacerla cumplir, establezca normas o procedimientos arbitrarios, injustos e ilegales que se alejan de nuestra justicia social.
Somos del criterio que el chofer de un transporte está en el deber y la obligación de responder por la legalidad de sus documentos y que en caso contrario debe responder ante la ley, como cualquiera que incurra en delitos o ilegalidades, pero no somos responsables nosotros de la irresponsabilidad de este compañero, nosotros contratamos su servicio dentro del mercado El Trigal que es un lugar donde concurren, constantemente agentes del orden (policías) y numerosos inspectores que chequean, tanto a los transportes que llevan los productos de diversas provincias del país, como a los transportistas que llegan a este lugar que ser contratados. No tenemos que solicitar documentos a nadie porque no somos el personal autorizado legalmente para hacerlo, cada quien es responsable por la actividad que realiza y debe estar capacitado para cumplir con las disposiciones establecidas.
Adjuntamos a través de este documento, las siguientes fotocopias:
- Documento del Acta de Instrucción para la actividad que realizo por cuenta propia.
- Identificación fiscal única RC-05.
- Documento de la multa que se me impuso.
- Acta de decomiso.
- Comprobante de pago para la entrada al Mercado El Trigal del día 1ro de febrero, fecha en que me fueron impuestas las medidas.
La Licencia y el carnet de la ONAT, como expliqué anteriormente, me fueron retirados.
Se entregó una copia de este documento de reclamación, al Consejo de Estado.
En espera de su atención y de obtener una respuesta satisfactoria, para que actos como este, que empañan y desacreditan el prestigio de justicia del que siempre ha caracterizado a nuestro sistema legal, no ocurran jamás, les saluda:
Javier Guanche Ayala / Trabajador por Cuenta Propia.
