La falta de recursos económicos en algunas familias manzanilleras les ha traído como consecuencia el no poder comprar materiales de la construcción para el arreglo de sus viviendas que se han derrumbado en los finales de su vejez y pese a haber trabajado toda su vida se ha multiplicado su miseria en un gobierno que a los pobres solo los utiliza para justificar aparentes logros de su sistema político.
Manuela Rodríguez Arias tiene 61 años de edad y es vecina de la calle Martí No.409 entre Cocal y 12 de agosto en el municipio de Manzanillo, provincia Granma; ella es ciega de nacimiento y está diagnosticada con hipertensión arterial y cifras elevadas de colesterol.
Estuvo inscripta en la Asociación Nacional de Ciegos y Débiles Visuales (ANCI), pero la falta de ropa y zapatos le impedía participar de las actividades que esta organización desplegaba; por lo tanto, le dieron baja, aunque explica que la institución nunca se preocupó por ayudarla.
Tiene una pensión de 200 pesos cubanos (moneda nacional) para alimentos y medicinas; su esposo Alejandro Alba Macías tiene 73 años de edad y padece de artrosis generalizada, en la actualidad es impedido físico y se encontraba en la plantilla de la Asociación de Limitados Físicos y Motores (ACLIFIM). Durante el tiempo que pudo participar en las reuniones de esta organización, le entregaron un triciclo pues su enfermedad le impide la marcha.
Como el tiempo es indetenible la falta de gomas, llantas y ruedas metálicas lo obligó a guardarlo y nunca más funcionó. Él también tuvo que abandonar la ACLIFIM, pero nunca lo visitaron para ofrecerle piezas para su triciclo o materiales para el arreglo de su vivienda. En estos momentos se vale de un bastón para solo pararse.
Alejandro y Manuela tienen dos hijos que no pueden ayudarlos a reparar la casa porque no les alcanza para mantener a sus familias y han visto el derrumbe del hogar y como sus padres pasan una vejez triste y enfermos sin poderse valer por sí mismos.
Estos ancianos pertenecen a la Circunscripción No.35 de donde la Delegada los ha visitado acompañada de una trabajadora social. Durante su estancia en lo que no se puede llamar ni hogar, de estos dos ancianos, les hacen preguntas, les llenan planillas y les prometen lo que nunca les han entregado.
Ellos hicieron solicitud de un subsidio, pero tampoco se lo aprobaron. Manuela y su esposo refieren que en el municipio existen locales que llevan varios años cerrados, pero el gobierno no hace entrega de estos a las personas que los necesitan. Sin embargo, cuando se enteran que son abiertos y ocupados por alguna familia que no tiene donde vivir, entonces aparece la policía en conjunto con la Dirección de Vivienda y le aplica el desalojo. Prefieren mantenerlos cerrados, sin darles ningún uso social, hasta que se deterioran y se derrumban.
Aunque en nuestro país el mayor dueño es el Estado, muchas personas como estos dos ancianos, viven en la miseria y no se les da ninguna ayuda gubernamental.
Manzanillo, enero de 2017
