Señores diputados miembros de la Comisión:
Quiero ante todo agradecer a los que han facilitado esta oportunidad para que el Observatorio Cubano de Derechos Humanos comparezca hoy ante este auditorio.
En breve tendrán ustedes la oportunidad de discutir el acuerdo que definirá las relaciones venideras entre la Unión Europea y Cuba.
No estamos ante un trámite más, no es así, o al menos no lo es para millones de cubanos; porque no es simplemente la relación de Europa con Cuba lo que se decide. Lo que discutirán ustedes en unos días es si la Unión Europea reconoce al pueblo cubano su derecho a exigir, defender y disfrutar de los mismos derechos que ustedes o si, por el contrario, contribuye al sostenimiento de una satrapía nepótica que pronto cumplirá 59 años de control totalitario.
Es decir, dentro de poco ustedes decidirán si la Unión Europea suspende su juicio moral por el hecho de tratarse de Cuba o si por el contrario actúa en Cuba como siempre lo ha hecho, en sus exigencias a los estados miembros, o en su propia presentación ante el resto de naciones; actuación expresada en documentos como el Informe Birkelbach o el Memorando Saragat, en los años sesenta del siglo pasado, o más tarde, con los denominados Criterios de Copenhaghe, en los años noventa. Permítanme recordar algunos puntos recogidos en dichos documentos.
El Informe Birkelbach sobre los Aspectos Políticos e Institucionales de la Adhesión a la Comunidad estableció que sin una forma de Estado democrática ningún país podía ser admitido en el círculo de los que formaban la Comunidad, y el Memorando Saragat afirmaba que la adhesión está excluida para aquellos países cuya forma política difiere sensiblemente de la de los Estados miembros.
Estas declaraciones fueron decisivas más tarde para que países como España avanzaran hacia su plena democratización, siguiendo el camino trazado por la Comunidad.
Más recientemente, como continuidad de la militancia democrática de la Unión, se fijaron los denominados Criterios de Copenhague, aprobados en 1993, para ordenar el tránsito a la democracia y hacia la Unión de los nuevos candidatos del Este de Europa. En ellos se fijaba, entre otros, la obligación de disponer de instituciones estables que garanticen la democracia, el Estado de derecho, los derechos humanos y el respeto a las minorías.
Es evidente que Cuba no es ni será un país candidato a la adhesión; pero eso no significa que la Unión deba abdicar de ejercer sobre ella una influencia activa a favor de su democratización. Nunca la Unión Europea ha creído que para influir positivamente en los países candidatos debiera renunciar a exigirles pasos claros y compromisos inequívocos hacia el Estado de derecho. Nunca.
La pregunta, por tanto, es, insisto, esta: ¿por qué entonces la Unión Europea debería suprimir su juicio moral y su compromiso democrático en el caso de Cuba?
¿Por qué los cubanos no nos merecemos la tutela moral que Europa ha derramado tantas veces sobre tantos países con tanto éxito?
Señorías,
Es necesario conocer la verdadera situación de derechos humanos en Cuba antes de sellar su futuro.
El anunciado reinicio de relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba ha sido el pistoletazo de salida en una competición en la que algunos creen que ganará el que más concesiones haga al régimen; pero no: el ganador será el régimen.
Con la diferencia de que esta vez tendría el consentimiento de los referentes democráticos universales: la Unión Europea y Los Estados Unidos, contando, por si fuera poco, con el beneplácito del Vaticano.
En Cuba el cuadro de violaciones a los derechos humanos y las libertades individuales se intensifica proporcionalmente al descontento, la frustración y la desesperanza.
En nuestro país la violación de derechos esenciales como los de reunión, asociación y expresión, se establece desde la propia Constitución de la República. Que en su artículo 5to expresa, cito: “el Partido Comunista de Cuba, martiano y marxista-leninista, vanguardia organizada de la nación cubana, es la fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado, que organiza y orienta los esfuerzos comunes hacia los altos fines de la construcción del socialismo y el avance hacia la sociedad comunista”.
Este artículo segrega de toda participación en los asuntos del país a aquellos que no deseen el comunismo como sistema político.
En otro artículo puede leerse: “Se reconoce a los ciudadanos libertad de palabra y prensa conforme a los fines de la sociedad socialista”
O sea, que fuera de este contexto no hay posibilidad de expresarse con libertad sin que te arriesgues a ser encarcelado por tus opiniones.
Quizás estaríamos más tranquilos si estos enunciados constitucionales fueran letra muerta. Sin embargo, sabemos que no es así.
Por ejemplo, desde el anuncio de diciembre 17 del 2014 se han producido más de 16 mil arrestos arbitrarios, como consecuencia del ejercicio de libertades individuales.
Decenas de miles de cubanos han abandonado el país atravesando la selva o lanzándose al mar en busca de libertad y mejores perspectivas, pero muchos lo que encuentran es vejación y muerte.
Se continúa obligando a niños y adolescentes a participar en actos de repudio contra personas que pacíficamente reclaman espacios de participación democrática.
Se continúa golpeando indiscriminadamente a hombres y mujeres.
Se continúa expulsando de sus centros de trabajo a profesionales que manifiestan desacuerdo o intentan participar en organizaciones alternativas.
Se continúa utilizando los medios de comunicación para incitar a la violencia y a la discriminación del pensamiento libre.
Se continúa asaltando viviendas de opositores y confiscado sus propiedades (el más reciente caso es el de la abogada Laritza Diversent, directora de Cubalex, una asociación que brinda servicios jurídicos gratuitos a la población).
Se nos continúa negando la posibilidad de entrar a nuestro país, prohibición que alcanza a nuestros familiares.
A pesar de esta realidad asfixiante continuamos apostando por el diálogo como única vía para superar medio siglo de injusticia y segregación. Pero lamentablemente, a veces notamos que el diálogo se transforma en un voluntarismo acrítico o en un pragmatismo disfrazado de buenas intenciones.
Si analizamos el texto del acuerdo (publicado con retraso y en varios idiomas menos en el nuestro, algo que refleja la poca transparencia que ha rodeado el proceso), veríamos que está lleno de buenas intenciones y de principios tan universales que difícilmente un demócrata lo pueda desaprobar; sin embargo en temas medulares (como la sociedad civil, la democracia, los derechos humanos, etc.) siempre recuerda que cada país es independiente a la hora de elegir su sistema político, lo cual en la práctica se traduce en legitimación para que el gobierno cubano, pueda mantener su control totalitario, la falta de libertades y la coacción ideológica que distingue aquel sistema político.
Es un crimen intentar justificar esta de situación alegando que los cubanos hemos elegido libremente ese sistema. Todos sabemos que nadie en el mundo, voluntariamente aceptaría jamás vivir sin libertad.
¿Por qué creer al gobierno cubano cuando afirma que es una democracia y que respeta los derechos humanos, ¿O es que van a reducir los valores establecidos en Occidente tras décadas de difíciles pruebas, al dictado y la conveniencia de La Habana?
¿O será acaso que la Unión Europea entiende la democracia y los derechos humanos de manera tan relativa?
Este acuerdo negociado con el gobierno cubano, a espaldas del pueblo cubano no es el acuerdo que necesitamos, adolece de garantías, no incluye mecanismos o acciones concretas que hagan que el gobierno cubano cumpla con esos principios.
Seguramente nos dirán que los mecanismos deben desarrollarse después, pero ya sabemos que, si no se introducen desde el principio estas garantías, será imposible hacerlo en lo adelante.
Por tal motivo, en días pasados hicimos llegar una carta a la gran mayoría de los Eurodiputados con algunas propuestas que consideramos deben estar presentes en un acuerdo si se pretende que redunde en beneficio del común de los cubanos.
Estas son algunas de nuestras consideraciones:
- El acuerdo debe proscribir cualquier sanción penal, administrativa o de cualquier índole que castigue a cualquier ciudadano por su participación cívica o por el ejercicio de sus derechos humanos. Y, en consecuencia, deberá exigir la inmediata libertad de todos los presos políticos y el cese de la violencia policial.
- El acuerdo deberá contener un cronograma concreto para la ratificación por parte del Estado cubano de los Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Políticos y de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
- El acuerdo deberá establecer mecanismos de diálogo político que incluya a la sociedad civil cubana, democrática e independiente.
- Que se establezca un mecanismo permanente al que los ciudadanos o las agrupaciones puedan acudir directamente, sin necesidad de agotar la parcializada instancia nacional, para presentar sus denuncias sobre violaciones de derechos humanos y a los principios democráticos.
- El acuerdo deberá obligar a las partes a cumplir con la normativa de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y proscribir toda forma de explotación laboral, de manera especial la confiscación salarial, que es una práctica generalizada y sistemática del Estado cubano, por ejemplo, en el ámbito de la inversión extranjera.
- El acuerdo deberá promover que las empresas europeas que operan en Cuba apliquen los mismos estándares laborales y éticos exigidos en sus países de origen, especialmente a aquella que reciben créditos o cualquier ayuda financiera de origen público.
- El acuerdo deberá demandar el cese de la discrecionalidad del gobierno cubano en los permisos de entrada y salida del país de los propios ciudadanos cubanos.
En el plano procedimental del propio acuerdo consideramos lo siguiente:
- El acuerdo deberá contener una disposición transitoria que establezca una entrada en vigor escalonada de los distintos ámbitos de cooperación, que difiera la colaboración económica y financiera hasta que se demuestren avances del gobierno cubano en materia de derechos humanos y libertades económicas.
- El acuerdo deberá incluir una cláusula democrática que establezca las circunstancias y procedimientos que la suspensión y/o denuncia del acuerdo en caso de violaciones graves o sistemáticas de los derechos humanos.
Señorías,
Los demócratas cubanos trabajamos para lograr una sociedad justa con igualdad de derechos y oportunidades para todos, incluso sin excluir de ese futuro a muchos que hoy ocupan posiciones claves en el gobierno cubano. Pero es imprescindible no rebajar el nivel de exigencia a quienes deben aceptar que la dignidad humana y las libertades de todos deben ser respetadas. Cuba no pertenece solamente a la casta gobernante, por mucho que lo hayan pretendido durante más de medio siglo. De ahí la necesidad de registrar nuestras consideraciones; en resumen: respeto a los Derechos Humanos y diálogo incluyente con los cubanos y entre los cubanos.
Tienen ustedes ante sí el gran dilema de reconocer nuestro derecho a los derechos, o establecer en el calendario europeo la fecha de la renuncia de esta institución a sus principios fundacionales.
Muchas gracias.
