En marzo de 2015 los opositores Sonia Garro, su esposo Ramón Alejandro Muñoz y Eugenio Hernández, cumplirán tres años tras las rejas sin juicio.
El martes 21 de octubre fue nuevamente suspendida la vista oral. Es la tercera ocasión que sucede.
El próximo 7 de noviembre, si no hay otro aplazamiento, recibirán el veredicto que se baraja en la oficina de algún jerarca del Ministerio del Interior.
En estos casos los jueces se limitan a comunicar las determinaciones del alto mando, aunque aparenten lo contrario.
Es probable que con el ánimo de encubrir las violaciones de procedimiento, las autoridades excarcelen a Sonia, pero esto es solo una especulación.
Quizás consideren suficiente el tiempo que la han tenido recluida en condiciones deplorables por los delitos de atentando, desorden público y tentativa de asesinato que tanto ella, sus familiares y numerosos activistas pro democráticos, consideran infundados.
La Fiscalía pide 10 de años para Garro, 14 años para Muñoz y 11 para Hernández. Peticiones excesivas por medio de la cuales se envía un mensaje de intolerancia hacia las personas que practican la desobediencia civil como método de lucha contra el régimen de partido único.
A propósito del juicio y su cancelación, se contabilizaron decenas de detenciones de opositores e integrantes de la sociedad civil en varias provincias del país por su disposición a exigir públicamente la liberación de los tres reos.
La convocatoria de la protesta fue hecha por la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, agrupación a la cual pertenece Sonia.
En declaraciones de Soler al sitio digital Diario de Cuba, dejó constancia de la voluntad de las mujeres que militan en dicha agrupación en mantener el mismo nivel de exigencia para que termine el atropello.
Mientras se prolonga el limbo legal, que tal vez culmine en la primera semana de noviembre, el ambiente represivo en general echa por tierra las esperanzas de nuevos enfoques en materia de libertades fundamentales.
Arrestos, actos de repudio, amenazas y confiscaciones, continúan perpetrándose con total impunidad.
Una nota reciente dio cuenta de la muerte del recluso Leovigildo Almaguer de 40 años, en la cárcel de Boniato, ubicada en la ciudad de Santiago de Cuba.
El occiso había recibido días antes una brutal paliza en la prisión provincial de Camagüey.
Su traslado para Boniato con el fin de facilitar la atención médica no cumplió su cometido. Los familiares aseguran que la demora en brindarle atención médica fue el motivo de su muerte.
Las palizas y sus secuelas siguen siendo el denominador común en las prisiones cubanas.
Recuerdo mi llegada al Combinado de Guantánamo, en abril de 2003. En un rincón del recinto carcelario los guardias molían a golpes a un preso. Tenía las manos amarradas. Lo vi perder el conocimiento a causa de la tunda. Meses más tarde a raíz de otra paliza, se suicidó.
Sonia Garro, Ramón Alejandro Muñoz y Eugenio Hernández deben haber sido testigos o víctimas de escenas similares. Son casi tres años de encierro. Tiempo de sobra para acumular experiencias y anécdotas escalofriantes.
