Luis Enrique Lozada Igarza, Secretario de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), en Contramaestre, Santiago de Cuba, se encuentra en las mismas condiciones, en la misma prisión, en que terminaron con la vida del también activista de la UNPACU Wilman Villar Mendoza que murió el 19 de enero de 2012 en un hospital de Santiago de Cuba, después de larga huelga de hambre en la prisión de “Aguadores”, donde le sometieron a condiciones extremas sin la adecuada atención médica.
Semanas tras semanas, al igual que otros miembros de la UNPACU, Luis Enrique Lozada y su familia venían resultando víctimas de detenciones arbitrarias, golpizas y asaltos a su hogar dirigidos por el “Departamento de Seguridad del Estado” (DSE), y ejecutados por agentes de la “Policía Nacional Revolucionaria” (PNR), y miembros de las “Brigadas de Respuesta Rápida” (BRR).
Como todos los martes, el pasado día 9 de abril en la vivienda de Luis Enrique Lozada activistas de la UNPACU pensaban realizar su encuentro semanal en el se habla sobre derechos humanos y sobre las flagrantes violaciones a los derechos a la libertad de expresión, prensa, asociación, reunión y manifestación pacíficas, entre otros, en Cuba.
Como en semanas anteriores, la familia Lozada y otros activistas de la UNPACU fueron reprimidos, Esta vez, además de las detenciones violentas, el hogar apedreado y asaltado, el DSE decidió cumplir con la amenaza que en varias ocasiones le habían hecho: lo enviaron a prisión. Luis Enrique Lozada es el numero 40 de los miembros de la UNPACU encarcelados por motivos políticos durante los últimos 18 meses. La familia Lozada es una de las muchas familias cubanas víctimas de brutal represión por pensar diferente a quienes gobiernan nuestro país y por exigir al gobierno que ratifique y respete los Pactos Internacionales de la ONU sobre Derechos Humanos.
Además de cuatro decenas de activistas encarcelados en la actualidad, durante los últimos 12 meses varios hogares de miembros de la UNPACU han sido allanados por fuerzas del MININT o asaltados y robados por miembros de grupos parapoliciales. En la mayoría de estos allanamientos y asaltos ha habido violencia física contra activistas y familiares. Además de la familia Lozada, entre las víctimas de estas graves violaciones tenemos a: Jorge Cervantes García (actualmente en prisión), Marcos Antonio Lima Dalmao, Maximiliano Sánchez Perera, Ovidio Martín Castellanos y quien suscribe.
Durante los últimos meses también han ido en aumento los “Actos de Repudio” violentos contra pacíficos defensores de los Derechos Humanos, las golpizas en prisiones, en plena calle y en lugares solitarios y/u oscuros contra miembros de nuestra organización. Varios activistas de la UNPACU han sido emboscados y golpeados con palos y barras metálicas: Jesús Díaz Morales, Keiber Rodríguez Fernández y Rubislandis Ávila González son algunos de los así agredidos.
Como si lo antes dicho fuese poco, el DSE hostiga constantemente a muchos de nuestros activistas y familiares; algunos han perdido sus empleos (Angel Verdecia Díaz, Karina Quintana Hernández, Nancy Osorio Pérez entre otros); a otros les niegan empleo y le persiguen si intentan ganarse el sustento por cuenta propia. Nuestros niños son hostigados en sus escuelas y hasta maltratados físicamente: Carmen, Amanda e Ignacio Bolaño Quintana, de 14, 8 y 7 años de edad respectivamente; Manuel Danger Rodríguez, 11 años, Santiago Fernández Rodríguez, 5 años, entre otros muchos.
Solo en los últimos 12 días han ocurrido más de cuarenta detenciones arbitrarias, muchas de ellas violentas, de miembros de la UNPACU. A Rubislandis Ávila le dieron brutal golpiza; le dejaron una larga herida en la cabeza.En estos momentos más de 50 activistas pacíficos nos encontramos en huelga de hambre exigiendo la libertad de Luis Enrique Lozada y llamando la atención sobre el creciente número de presos políticos de nuestra organización y de la violencia contra nuestros activistas y sus familiares.
Somos perseguidos, hostigados, golpeados, detenidos arbitrariamente y encarcelados por ejercer y defender derechos reconocidos universalmente. En nuestra patria no existen tribunales imparciales; a quien el gobierno decide encarcelar o reprimir de otra manera, no tiene a dónde acudir en busca de justicia dentro del territorio nacional.
