Desde el triunfo de la dictadura, el burocratismo ha sido uno de los principales problemas para la sociedad, especialmente para los más pobres.
Una amiga se me acerco muy triste y me contó por la situación que está pasando con ciertos problemas que no puede resolver debido a que no tiene medios económicos para sobornar a un funcionario que le pueda resolver su situación.
Resulta que mi amiga, de la que no menciono su nombre por medidas de seguridad, lleva más de dos años tratando que se le haga justicia a su hijo, quien se encuentra recluido injustamente.
Luego de apelar a todas las instancias gubernamentales, donde le dictaron sin lugar, escribió al Ministerio de Justicia, la Fiscalía General de la República, el Tribunal Supremo, y el Consejo de Estado.
La demora para responder a la solicitud en cada instancia mencionadas es de 90 días hábiles, pero resulta que no es así como explican los funcionarios.
Estos trámites se demoran más de 90 días, y hasta más de un año, trayendo por supuesto la desesperación de los internos que esperan años por una respuesta, que la mayoría de las veces es negativa.
Si escribe al Consejo de Estado, este envía la petición a algunas de las instituciones mencionadas; una vez que llega, las secretarias los califican, le abren un expediente, luego solicitan al tribunal el expediente de causa, y aquí viene el problema, porque el tribunal se demora dos o tres meses….. Lo más triste del caso es que a veces algunos expediente se pierden en el camino y nadie responde por ellos, no sé si es intencional, o es que el archivo los envió a los baños de la institución para limpiarse el culo.
Así, el preso continúa injustamente en la cárcel, sin que alguien se dé cuenta de que los fiscales, instructores, y jueces, fueron sobornados, y llevaron a prisión a un inocente.
Si el expediente llega a su destino, pasa otra vez por una secretaria calificada, luego es enviado al Ministerio de Justicia; allí lo revisa un fiscal, el tiempo de revisión no se sabe cuánto demora, puede ser hasta un año. De ahí es enviado al Tribunal Supremo, quien dice la última palabra. Ahí termina de circular por toda la burocracia. La espera de la respuesta puede durar hasta dos años.
