El patrón vuelve a repetirse. Los golpes y arrestos contra las Damas de Blanco y los opositores que van a apoyarlas en las inmediaciones de la iglesia de Santa Rita, se ejecutaron este último domingo con idéntica brutalidad.
Esta vez la cifra de represaliados bordeó el centenar. A juzgar por los índices de violencia usados por las brigadas parapoliciales, se confirma la voluntad del régimen en mantener el control de las calles a cualquier precio.
Las caminatas que realiza la emblemática agrupación de mujeres por la 5ta avenida del barrio de Miramar, desde su fundación en marzo de 2003 y como protesta por la existencia de presos políticos y las violaciones a los derechos humanos, son vistas con mayor recelo por la oficialidad del Ministerio del Interior.
Al parecer la orden es cerrar ese espacio, ganado a fuerza de tesón y coraje.
Obviamente la prisión no es una de las alternativas “apropiadas” para desarticular el movimiento, que ha aumentado su beligerancia en los últimos años.
El uso de la fuerza bruta, domina el escenario. A golpes y porrazos se pretende menguar el activismo en la vía pública a favor de una democratización cada vez con más sombras e interrogantes.
Sin cobertura mediática en la gran prensa, la impunidad de los agresores se ha convertido en una rutina que pudiera ser la antesala de desenlaces fatales.
A partir de la tibieza internacional frente a la suma de atropellos, parecen necesarios los muertos para que se ejecuten acciones proactivas.
Mientras tanto, el asunto primordial en el tema de Cuba es el fomento de una apertura económica que brinde sin inmediateces, las oportunidades de que se entreabran las puertas de la tolerancia para el ejercicio de algunos de los derechos fundamentales.
Es una pena que muchas de las personalidades e instituciones de relieve mundial, estimen que la situación interna en cuanto a represión política se refiere, no llega a ser lo suficientemente grave para decidirse por mayores implicaciones.
Es cierto que comparativamente son muy pocos los cubanos resueltos a desafiar, a cara descubierta, las leyes del totalitarismo y que en otros sitios del planeta existen problemas políticos, sociales y económicos más terribles, pero esto no debe justificar una pasividad que deviene en patente de corso para los represores.
Hay que tener en cuenta que la especialidad de este tipo de regímenes es la tortura psicológica, aunque en este caso usen también la física sin ninguna discreción.
Por el salvajismo de las arremetidas se colige que están seguros de que no sucederá nada más allá de los regaños ocasionales y quizás alguna que otra amonestación.
En las conversaciones del Estado-Partido con Washington y Bruselas es pertinente hacer énfasis en estos temas y sobre todo buscar frutos y no podridos.
En aras de fundamentar la credibilidad de las pláticas y el compromiso con los valores democráticos, tanto Obama como los presidentes de los países que conforman la Unión Europea, deberían exigir pasos concretos y elementales respecto a este tópico.
El cese de los actos de repudio contra personas indefensas y la liberación incondicional de los presos políticos que no hayan cometido hechos violentos son demandas legítimas y justificadas.
Eso antes de que empiecen a contabilizarse asesinatos, ejecutados por seguidores del gobierno y los prisioneros continúen sufriendo lo indecible tras las rejas.
Si en las calles apelan a los métodos más brutales para el amedrentamiento de los adversarios ideológicos, imaginen por un momento cómo actuarán en los centros penitenciarios.
