Con la reelección de Venezuela para integrar el Consejo de Derechos Humanos (CDH) quedó demostrada, una vez más, la inoperancia del organismo internacional en la defensa de las violaciones flagrantes y sistemáticas de las libertades fundamentales alrededor del mundo.
La dinámica dictatorial en el país sudamericano, desde que Hugo Chávez asumió las riendas del poder a finales de la década del 90, continúa sin ninguna variación desde que Nicolás Maduro fue investido como presidente en el 2013, tras la muerte de su mentor y abanderado del socialismo del siglo XXI en las Américas.
Resulta patético que gobiernos que han hecho flecos la institucionalidad democrática y que se valen del uso indiscriminado de la fuerza para imponer sus doctrinas, ocupen un puesto en la referida entidad de sistema de las Naciones Unidas.
Las expectativas que se crearon en el 2006 con la entrada en funciones del Consejo, en relación a una mayor efectividad tanto en el monitoreo como en la impugnación de conductas autoritarias, fueron difuminándose al calor de la mismas tolerancias que existían en la anterior Comisión.
A la luz de los acontecimientos, los cambios se limitaron al reemplazo del término Comisión por el de Consejo y a otros cambalaches, también irrelevantes, en cuanto a procedimientos se refiere.
La presencia de Venezuela en la nueva membresía del (CDH), subraya el secuestro de la institución por los países que interpretan a su manera la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, aborrecen el multipartidismo y buscan un enemigo externo como cortina de humo para justificar las arbitrariedades, fronteras adentro.
La dictadura cubana es un ejemplo del pobre desempeño del Consejo.
El control hegemónico del partido comunista que criminaliza la discrepancia y se sirve de métodos fascistoides para garantizar sus prerrogativas, no ha impedido que sus representantes participen activamente en las sesiones.
Las recurrentes golpizas en la vía pública de los activistas prodemocráticos por parte de grupos parapoliciales, las detenciones arbitrarias, los juicios políticos sin garantías procesales y el trato cruel y degradante en las cárceles, son detalles que se quedan en la periferia de los debates o simplemente fuera de las agendas.
La nomenclatura de la Isla al igual que sus compinches del Palacio de Miraflores, figuran entre los 47 integrantes del actual Consejo.
O sea que sus tropelías cuentan con un manto adicional de impunidad, por tres años más.
Una noticia que vuelve a poner al desnudo la mezquindad que subyace en una parte del sistema de las Naciones Unidas y que debería llamar la atención sobre la necesidad de un nuevo orden mundial que contribuya a acabar con esas vergonzosas connivencias.
