Otra violación de a sus derechos fue la medida impuesta a Javier García Díaz, de 30 años de edad, trabajador del INPUT (industria productora de utensilios domésticos).
La medida consiste en la suspensión de su vínculo laboral por negarse al pago de la cuota sindical. Javier plantea que no cuenta con una organización sindical libre, y que por esa razón no paga a dirigentes que sólo sirven a los intereses del Estado y nunca realmente defendiendo los intereses del trabajador de a pie.
