Como ocurre desde 1991, la Asamblea General de las Naciones Unidas ha votado contra el embargo que mantiene Estados Unidos contra el gobierno cubano.
La abrumadora victoria de la dictadura se convierte en otro espaldarazo diplomático y político que de hecho minimiza ante el mundo las sistemáticas violaciones de los derechos humanos que ocurren diariamente en la nación caribeña.
En ninguna instancia de la ONU se valora el mencionado tema con la responsabilidad que merece.
Se aborda, pero desde una perspectiva marginal. En otras palabras, se obvian las condenas u otro tipo de medidas que servirían para contener la brutalidad del Estado sobre la población en aras de conservar el estatus quo.
El Consejo de Derechos Humanos con sus recomendaciones y sus exámenes periódicos, ha dado muestras de su inefectividad ante los gobiernos que impiden el ejercicio de las libertades fundamentales.
Los mismos mantienen sus políticas de acoso, agresiones físicas y encarcelamientos sin consecuencias de ningún tipo, salvo muy contadas excepciones.
Es vergonzoso que no se aborde con la debida profundidad la criminalización del disenso en Cuba, al igual que los actos de repudio para aterrorizar a los opositores, los juicios sin garantías procesales y la situación dentro de las cárceles.
La inmunidad de la gerontocracia se debe, en parte, al abrumador apoyo de los países del Tercer Mundo y a una estrategia represiva centrada en la selectividad y el bajo perfil.
La realidad apunta a la permanencia de esa visión parcializada de los hechos. El embargo es y será la política a condenar sin rodeos.
La idea de que con su levantamiento el régimen cubano dejará de ser una dictadura, cobra cada día más fuerza.
O sea que el futuro de Cuba seguirá atado a lo que decida el Congreso norteamericano. Desde 1996 con la aprobación de la Ley Helms-Burton, el poder legislativo de la Unión es el único que puede decidir sobre esa política, puesta en vigor desde 1961.
La certeza de que con la normalización de las relaciones entre ambos gobiernos acabaría el unipartidismo y todo lo que eso acarrea en materia de abusos y limitaciones, es cuestionable.
Es más, la mayor parte de las dificultades tanto económicas como sociales que se padecen dentro de la Isla, nada tienen que ver con el llamado “bloqueo”. Un término que sobredimensiona los efectos de una política que con el tiempo se ha flexibilizado.
Por cierto durante la administración Bush, el gobierno cubano efectuó compras millonarias de alimentos, y otros productos, en Estados Unidos. Esas transacciones no se han detenido. Y ni hablar de las remesas familiares y los avituallamientos que llegan sin pausas al territorio nacional desde el poderoso vecino.
Unos días antes de la votación sobre el embargo en la ONU, el diario floridano El Nuevo Herald publicó una nota donde el líder opositor José Daniel Ferrer se refería a que 47 integrantes de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), están tras las rejas.
La resonancia internacional de esa dramática realidad fue modesta, por no decir nula.
Por momentos parece que el mundo se ha olvidado de que en la mayor de las Antillas gobierna un dictador, hay más de 100 presos políticos y que las turbas progubernamentales apabullan impunemente a las Damas de Blanco, una de las organizaciones que luchan por la reivindicación de los derechos ciudadanos.
