No es la primera vez que el New York Times pide un cambio de la política de la Casa Blanca respecto al gobierno de la Isla.
Hace unos días el prestigioso diario volvió a pedir el fin de embargo. Las demandas en este sentido han ido en ascenso. La ofensiva no es solo mediática. Importantes figuras del establishment norteamericano están a favor de derogar las sanciones comerciales y financieras que el Congreso codificó en 1996, al amparo de la Ley Helms-Burton.
También hay prominentes empresarios cubanoamericanos que propugnan el desmontaje unilateral. Varios de ellos han visitado Cuba en varias oportunidades para conversar sobre el tema con funcionarios de alto nivel.
El propósito es presionar a la actual administración demócrata para que ponga en vigor medidas que contribuyan a un mayor debilitamiento de lo que el régimen de La Habana insiste en llamar bloqueo.
Si bien es cierto que tales medidas no han cumplido con los fines propuestos, además de servirle como coartada a la dictadura en su estrategia de legitimación, levantarlas sin tan siquiera un mínimo de condiciones, sería un desastre.
La derogación absoluta en términos jurídicos es imposible. Las dos alas del legislativo son las instancias facultadas para decidir sobre una política que sus más encarnizados detractores tildan de obsoleta.
En esencia, el trasfondo del problema es de una complejidad que suele ser obviada por quienes intuyen que esa es la vía para la llegada de la democracia a la Isla, pero ¿en qué tiempo?, ¿será esa la intención de los defensores de lo que supone una capitulación y no un acuerdo equitativo entre las partes en conflicto?
A partir de la fuerza de esa tendencia, es probable que se estén creando las condiciones para cierto reacomodo con los herederos de la gerontocracia.
Es sin dudas una opción, no la única, que busca ante todo las garantías para la estabilidad ante la proximidad de la jubilación por vejez o enfermedad de los históricos del partido, o su muerte biológica.
Ante la suma de factores internos y externos, es factible que la apuesta sea por un autoritarismo light como paso previo a la desmovilización gradual del castrismo.
Es ilógico pensar en la estructuración de una democracia con todos sus atributos a corto y mediano plazo. Primero es preciso organizar una sociedad que presenta no pocos síntomas de anarquía a causa del dirigismo estatal y otros fenómenos muy lesivos desde el punto de vista social y antropológico.
Ahora bien, nada de esto debe condicionar una agenda que premiaría a los victimarios y deja a las víctimas en un limbo.
Hay muchos asuntos pendientes que resolver. La libertad incondicional de los presos políticos, el cese de los actos de repudio y la paulatina creación de espacios para el ejercicio de los derechos fundamentales son condiciones a exigir para comenzar el arduo periplo hacia la articulación de un Estado de Derecho.
Así que solicitarle a Barack Obama que aumente su condescendencia con la dictadura sin respuestas equivalentes, puede ser un acto excesivo de pragmatismo.
Es necesario ver algún gesto de Raúl Castro que puntualice su determinación a echar abajo los muros del bloqueo interno y el cese de la represión contra sus críticos.
¿Se atreverá a hacerlo el general-presidente o le dejará esa responsabilidad a su sucesor?
Me gustaría leer un editorial en el New York Times sobre ese tópico.
