La aplanadora totalitaria cubana ha culminado, con éxito, otras de sus labores. Después de dos años tras las rejas, Cy Tokmakjian, el empresario canadiense asentado en la Isla, espera por el veredicto del tribunal que falló recientemente en su contra. Les esperan cinco lustros en la cárcel debido a “transacciones comerciales ilegítimas”.
Cómo era de esperar han aflorado cuestionamientos. El Tokmakjian Group ha puesto sobre el tapete lo que considera flagrantes violaciones de las garantías procesales.
Según consta en su declaración de dos páginas, la defensa tuvo apenas dos meses para prepararse. Por otro lado aparece el rechazo de 14 de los 18 testigos propuestos, entre ellos expertos internacionales.
El caso vuelve a poner al descubierto la imposibilidad de recibir un juicio justo donde los tribunales son parte del entramado gubernamental y no entidades autónomas comprometidas con la transparencia, el equilibrio y la racionalidad.
Ante tales pruebas, es lógico pensar que las conclusiones estaban predeterminadas. O sea que lo ocurrido fue parte de un montaje para darle visos de credibilidad a una farsa.
Existen decenas de antecedentes similares. Los sucesos de la marzo de 2003, fueron muy parecidos, aunque nada tuvieron en común con supuestas corruptelas. Las aproximaciones se dan a partir de las arbitrariedades en los procedimientos.
En aquella oportunidad, el carácter sumario de los procesos evitó una larga espera desde el día de los arrestos hasta las respectivas vistas orales.
En menos de 40 días, los 75 opositores e integrantes de la sociedad civil emergente fueron condenados por fiscales que cumplían al dedillo las órdenes del Ministro del Interior. La defensa no pasó de lo caricaturesco. En el preámbulo del juicio, algunos abogados confesaron la inutilidad de sus intervenciones. Todo estaba diseñado al gusto de los represores.
A partir del caso de Tokmakjian deberían quedar respondidas muchas interrogantes en relación a la disponibilidad del régimen a avanzar en el camino de las reformas.
¿Cuántos empresarios extranjeros estarían dispuestos a invertir sus capitales en un país donde no existen las debidas protecciones?
Los peligros de terminar condenado por cualquier motivo son tan altos que resulta incomprensible la disposición de continuar suscribiendo acuerdos con la única dictadura del continente.
Hombres de negocios de diversos países han fracasado en sus intentos. Cuba ha sido sinónimo de bancarrotas y como en el caso de Tokmakjian y otros, de inolvidables experiencias carcelarias.
Es posible que después del veredicto se ejecute la deportación. Las relaciones de la nomenclatura con el gobierno canadiense no se han caracterizado por tensiones irreconciliables, por tanto, podría haberse llegado a un acuerdo tras bambalinas.
Así ocurrió con el empresario Sarkis Yacoubian, que fue sentenciado a nueve años de cárcel en el 2012, también por delitos de corrupción, y este año le dejaron regresar a Canadá.
Ante tal panorama, es absurdo esperar un aumento significativo de las inversiones en Cuba. El estancamiento económico está asegurado bajo el mandato de Raúl Castro.
La impunidad, en el más amplio sentido del término, también.
