El médico Roberto González Ibáñez no pudo pasar al otro lado de la reja. El mes pasado, en la mesa 12 de inmigración en el aeropuerto internacional José Martí, un funcionario se encargó de recordarle que es huésped de una cárcel donde la salida depende, única y exclusivamente, de la voz y la firma del Raúl Castro o de la anuencia de algunos de sus más fieles subalternos.
El galeno, que cubría una plaza en el hospital capitalino Freire de Andrade, aparte que se le impidió el viaje a Ecuador, hoy es un desempleado por razones abiertamente políticas. El Dr. Manuel Blanco Pego, director de la institución médica, le comunicó la expulsión por ausentarse al puesto de trabajo el día 6 de julio y querer viajar al exterior sin informarlo.
Anteriormente en la terminal área le habían hecho saber que estaba “regulado”. Es decir que salvo, una autorización de las máximas autoridades del Ministerio de Salud Pública, no puede salir del territorio nacional.
En una entrevista publicada recientemente en Cubanet, González Ibánez indicó que “según la gaceta oficial del 2012, los médicos regulados son los administrativos, los que laboran con objetivos estratégicos, como centro de investigaciones con algún experimento secreto”
A esto añadió que nunca ha “trabajado en ningún hospital que atienda a la élite gobernante, ni con información clasificada”.
Entonces, ¿por qué le impidieron viajar?
Las causas de la medida apuntan a su matrimonio con la bibliotecaria independiente Jennifer Fonseca.
En el texto publicado en el referido sitio digital, se hace alusión al hostigamiento que recibía por sus vínculos con la activista contestataria.
El caso pone en perspectiva la verdadera naturaleza de la Ley Migratoria, aprobada hace poco más de un año y que presuntamente eliminaría las humillantes trabas que caracterizaron al sector desde su entrada en funcionamiento en la década del 60 del siglo precedente.
Como bien reflejan los hechos, el ambiente represivo persiste por encima de las opiniones que tildaron la medida como una señal de que las autoridades eliminarían los obstáculos para entrar y salir del país.
Las evidencias muestran, con claridad meridiana, la continuidad de una política, ahora un poco más matizada, pero en esencia contraria a la libertad de circular libremente a la manera que estipula la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
González Ibánez, ya no tiene dudas de que forma parte de la lista negra. Solo podrá conocer el mundo por fotos y vídeos o lanzándose al mar sobre una chalupa.
Los carceleros le leyeron la cartilla bajo el brillo de los candados chinos y el chirriar de los cerrojos oxidados.
Eso para recordarle que es parte de una población penal aunque no se vean los barrotes y de vez en cuando salga a dar un paseo entre las ruinas de La Habana.
