En los primeros días de mayo, la periodista independiente Juliet Michelena Díaz cumplirá un mes de detención.
Podría ser sancionada en breve. Primeramente se le comunicó que iba a ser procesada por amenazas contra una vecina, pero ahora el delito que le imputan es el de atentado. De acuerdo a una nota de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios (RCCC), el grupo al que pertenece, no existen pruebas de que haya incurrido en ese tipo de transgresión.
Al margen de las impugnaciones, parece que la policía política llevará el caso hasta sus últimas consecuencias.
El traslado a la prisión de mujeres conocida como Manto Negro es una señal que fundamenta esas sospechas.
Los pronunciamientos de las ONGs Reporteros sin Fronteras (RSF) y el Cómite para la Protección de los Periodistas (CPJ), en demanda de una inmediata excarcelación, han sido muy oportunos, pero probablemente no cambien el destino de Juliet.
Puede que incluso permanezca tras las rejas, sin juicio, por un tiempo imposible de precisar y después sea puesta en libertad sin cargos. No sería la primera vez que esto ocurre.
A modo de ejemplo, traigo a colación el caso de la activista prodemocrática Sonia Garro y su esposo que llevan más de dos años en la cárcel y todavía esperan por ser llevados a los tribunales por varios delitos, entre ellos, el de atentado.
Una información divulgada, el jueves 17 de abril, en el portal informativo independiente Cubanet, revela que el arresto de Michelena Díaz se produjo tres días antes de que se publicara un reportaje firmado por ella donde relataba un episodio de violencia policial en La Habana.
Salta a la vista el recrudecimiento de la represión contra los integrantes de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios, que incluye arrestos temporales y violentos actos de repudio.
Por estos días la policía abortó una reunión que se efectuaría en casa de la directora del proyecto Martha Beatriz Roque.
Varios de los convocados fueron a dar a los calabozos de la unidad de Zanja y Dragones, ubicada en el municipio Centro Habana. Horas después los liberaron.
Este proceder de los represores muestra la reticencia del gobierno a compartir el poder y darle estatus legal a las agrupaciones de la sociedad civil que no comulgan con la ideología oficial.
Entre los actos arbitrarios contabilizados en el último tercio del mes de abril, aparece el sitio a la casa del también periodista independiente Carlos Ríos Otero.
¿El motivo?, pues una actividad organizada por la Asociación pro Libertad de Prensa (APLP).
Nadie pudo ingresar en el inmueble custodiado por agentes vestidos de civil. El director de la agrupación, José Antonio Fornaris, estuvo más de cuatro horas detenido en un local de la policía.
Desde hace varios meses, tanto Fornaris como otros miembros de la Asociación, están bajo constante asedio. No cesan los interrogatorios y las amenazas.
El personal del semanario Primavera Digital, dirigido por Juan González Febles, tampoco escapa a la inquina del Departamento de la Seguridad del Estado.
Lo mismo sucede con Roberto de Jesús Guerra y quienes laboran en la agencia Hablemos Press, que él fundó hace poco más de un lustro.
Los esfuerzos por acabar con el periodismo independiente se recrudecen. Pese a la sistematicidad de los atropellos, se han podido conservar los espacios ganados.
Faltarán recursos, pero no convicciones para continuar abogando por el derecho a la libertad de expresión.
[En la imagen: Detención arbitraria de Juliet Michelena Díaz…]
