Venezuela: Diálogo de paz, ¿cuál paz?

Nada original ha sido este reportero al titular estas líneas. Una gran cantidad de venezolanos considera que para hablar de paz lo primero que debe ocurrir en el país es que el Gobierno, que es «el Poder», tome la iniciativa de dejar de disparar indiscriminadamente contra vecinos y contra el interior de edificaciones en zonas de conflicto.

Lo anterior, en términos prácticos, significa una desmilitarización de las ciudades en las que a diario se produce un exagerado despliegue de la Guardia y la Policía Nacional Bolivariana con aparatosos armamentos y trajes antimotines.

Miles de bombas y granadas de diversos tipos se han lanzado en urbanizaciones, dejando todo clase de secuelas. En algunos de estos escenarios, cuando el sol comienza a calentar el siguiente día, los transeúntes tienen que cubrirse las bocas, como si el gas saliera de las entrañas del asfalto.

El Altar de la Represión

En plazas públicas del país muchos jóvenes permanecen 24 horas en vigilia pacífica. Uno de ellos es Alejandro Aguirre, estudiante de Derecho y padre de una niña que acaba de cumplir su primer «añito de vida». Como integrante de la organización Juventud Unida Venezuela Activa, conocida por sus siglas JAVU, este joven de 32 años integra el «Campamento Libertad», instalado el 4 de abril en la plaza Bolívar del municipio caraqueño de Chacao.

Durante una noche han recogido por las calles una muestra de cartuchos usados que exponen, debidamente clasificados, en el «Altar de la Represión», a los pies de la estatua de Simón Bolívar que preside la plaza.

Con estas presuntas evidencias en la mano, Alejandro Aguirre declara que algunas autoridades castrenses colocan «delante de los cartuchos, en el cañón de la escopeta, metras» (se refiere a canicas, pequeños cilindros de vidrio) que pueden ser mortales «si te dan en órganos vitales», asegura. Aunque no pudo dar nombres de víctimas, afirmó que existen «fotografías y videos». Agrega que «incluso en intervención quirúrgica» se ha producido la «extracción de este tipo de instrumentos».

Arbitrario y desmedido uso de la fuerza

En estos espacios es frecuente encontrar reproducciones alegóricas a los fallecidos que, en casi dos meses de protestas son ya 39, aunque según El País del 9 de abril la ya alarmante cifra ascendió a 40. El 29 de marzo El Universal de Caracas presentó un registro pormenorizado de los 34 fallecidos que el diario pudo certificar hasta esa fecha.

También abundan las referencias al alto número de detenidos. El Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello habla de «259 detenciones arbitrarias», ya confirmadas, de un total de 2.153 hasta el primero de abril. Según esta fuente «en la mayoría de los casos las víctimas han sido incomunicadas y sometidas a tratos crueles y degradantes», algo que ratifica Amnistía Internacional (AI) en su informe Venezuela: los derechos humanos en riesgo en medio de protestas, presentado en Madrid este 8 de abril.

AI reporta la recepción de testimonios de personas que aseguran haber sufrido descargas eléctricas, entre otras modalidades de torturas, mientras que el Foro Penal Venezolano declara que, documentados, hay «33 casos de tortura» presentados, con todas sus formalidades, ante el sistema judicial.

Dos evidencias quedan demostradas: El Gobierno perdió el control y, al cabo de dos meses, es difícil que lo recupere, a menos que protagonice otra Tiananmen con el auxilio de sus grupos paramilitares, «los colectivos», a los que recarga con el trabajo sucio. Esta opción, que a baja intensidad se ensayó a principio de las manifestaciones, ya es poco viable.

La segunda evidencia es que de la ferocidad represiva se alimentan las protestas.

Y todavía en las actuales circunstancias, a punto de iniciar un encuentro con la oposición, el presidente Maduro declara este martes a El Guardián que Venezuela sufre «la revuelta de los ricos»; culpa, como siempre, a la Casa Blanca y vuelve a llamar «ultraderecha» a la oposición. El vicepresidente Jorge Arreaza no se queda atrás: propone que el debate se ciña al problema económico del país, como si no existiera el movimiento de protestas que los ha sentado a negociar ante mediación extranjera, evidenciando la incapacidad gubernamental de resolución.

Es el panorama en el cual el Gobierno enuncia su «Diálogo de paz».

Texto y fotos de Alfredo Sainz Blanco