En su informe del mes de abril, la ilegal Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN), hizo énfasis en el crecimiento de la violencia de las brigadas parapoliciales contra los opositores pacíficos.
Según la organización, las 610 detenciones arbitrarias contabilizadas superan las ocurridas en los últimos siete meses, detalle que corrobora la falta de voluntad del régimen en abrir espacios alternativos a sus políticas.
Donde terminan las fronteras del dogma oficial comienza la ilegalidad de las críticas y el desenfreno en la aplicación de los correctivos.
El lenguaje del poder es y será, nadie sabe hasta cuándo, la porra, el grito cavernícola, las gestualidades obscenas y el vandalismo. No existen posibilidades de un discurso articulado y sereno con quienes piden a cara descubierta elecciones libres, legalización de los derechos fundamentales y la libertad de los presos políticos.
La orden a todas luces irrevocable como el socialismo que amenaza con cumplir las seis décadas en enero de 2019, es machacar a los “traidores”, apolismarlos sin piedad en defensa de una aparente unanimidad.
Con el agotamiento de los mecanismos más sofisticados para minimizar los efectos del activismo contestatario, se recurre a la brutalidad física y a la abrumadora presencia de personas con plena disposición para romper cabezas y costillas, torcer brazos y lanzar patadas a diestra y siniestra.
No sería extraño que en próximos informes de la CCDHRN, se detallen desenlaces fatales a partir de las agresiones de los partidarios del régimen.
La magnitud de las barahúndas que se forman en cada intento opositor de llevar a las calles sus exigencias, dan pie para pensar de esa forma.
Si algo sobra en esas coreografías del odio, promovidas por los organismos afines al partido de gobierno en cada municipio y autorizadas por la policía política, es el deseo de matar a los adversarios con frialdad zoológica.
El peligro a enfrentar en cada manifestación favorable a una apertura democrática es cada vez mayor.
La impunidad de los agresores sigue siendo total. Pueden golpear ciegamente tanto a mujeres como a hombres sin rendir cuentas de sus abusos ante un tribunal.
Tramitar una acusación es en vano. La importancia de tal acción se limita a hacerle ver al mundo el secuestro de la institucionalidad por los intereses de un partido.
A juzgar por lo que acontece en intramuros no parece que esto le importe mucho al poder. El salvajismo de las brigadas de respuesta rápida tiende a ser más explícito, sea donde sea.
En lugares céntricos de capital o en su periferia, aguardan las fuerzas de choque del totalitarismo para cumplir con el mandato de sus patrocinadores.
Si en La Habana es así. Manifestarse públicamente en el interior del país es un sacrificio que demanda una sobredosis de valor.
