El escritor Ángel Santiesteban ingresó ayer jueves en la prisión de Valle Grande. Ello ocurre después de que el Tribunal Supremo ratificara una sentencia en su contra dictada por el Tribunal Provincial de La Habana, tras un juicio amañado por la policía política cubana y en el que se relativizaron e ignoraron todas las pruebas que reforzaban las tesis de la defensa.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos cree que en la causa contra Santiesteban se han violado sus derechos humanos, tanto si tenemos en cuenta las motivaciones que están en la base de las acciones de la fiscalía, como si se analiza el desarrollo del proceso judicial.
Aunque las acusaciones vertidas por la fiscalía pretendieron pasar como respuestas a supuestos delitos comunes, la defensa del activista y varios acontecimientos ocurridos en paralelo al proceso, dejaron en evidencia que la motivación verdadera de la causa era política, concretamente, aplicar una reprimenda a Santiesteban por el ejercicio de sus libertades, lo que no dejaría de ser un mensaje a otros intelectuales cubanos. Desde hace varios años el escritor se había convertido en un ciudadano incomodo por sus escritos en el blog de su autoría: “Los hijos que nadie quiso” y su participación en proyectos cívicos como la Demanda Ciudadana Por Otra Cuba.
Para quien dude de la manipulación orquestada por el gobierno, recordamos que varios días antes del juicio, exactamente el 8 de noviembre de 2012, cuando junto a un grupo de activistas fue a una estación de policía de La Habana a exigir la liberación de Antonio Rodiles, Santiesteban fue detenido violentamente y ahí la propia policía le anunció que le esperaban varios años de cárcel. Le dijeron: “a ti no te basta con los cinco (5) años de cárcel que te vamos a echar (condenar)”. Una amenaza que varios días después cumplió el tribunal. La falta de garantías judiciales quedaba en evidencia una vez más gracias a dos de sus aliadas: la soberbia y la arbitrariedad.
El artículo 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, expresa que “toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal”. Igualmente el artículo 11.1: “toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa”. Dos preceptos que al parecer en Cuba no se proponen respetar para todos los ciudadanos.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos condena este ingreso en prisión y continuará denunciando el caso.
