El director del bufete Frengui, localizado en Beijing, Zhou Sheifeng era el primero en una de las listas negras que confeccionan o actualizan los funcionarios del Ministerio Seguridad Pública de la República Popular China.
Se sabe que su nombre tenía un sitio privilegiado en la nómina de marras porque fue uno de los primeros detenidos en las redadas que se han practicado por estos días contra la entidad judicial por supuestamente haber incurrido en delitos tales como “alterar el orden público”, “sospechas de organizar protestas” y “fabricar rumores” en internet para influir en las decisiones de los tribunales.
El Diario del Pueblo, cuya gerencia está en manos de comisarios con plaza fija y mentalidad de verdugos, ha publicado que la operación se llevó a cabo con el propósito de “acabar con una banda criminal que usa la entidad jurídica como plataforma para atraer la atención sobre casos conflictivos, alterando seriamente el orden público”, desde julio de 2012.
Es decir que los abogados estaban desde hace tres años en el colimador de la policía política.
Un análisis de los hechos, indica que cruzaron los límites de la tolerancia. ¿Serán tan borrosos cómo en Cuba?
Por acá aparte de difusos, son portátiles. Su ubicación depende de las conveniencias del partido único.
Es muy probable que por allá también sean móviles y quizás más sofisticados. Si de algo no carece China es de tecnología de punta.
Los representantes de las multinacionales de Occidente que tienen allí mano de obra esclava, a tiempo completo y un presidente que vela por que no se quebrante el orden socio-laboral establecido por el partido comunista, desde 1949, silban ante esas realidades, con la vista en la nubes y la mente en asuntos más edificantes.
Con esas referencias se llega a la conclusión de que las reformas económicas no allanan el camino hacia los cambios políticos.
Como ocurre en China los jaleos que se producen con las detenciones arbitrarias junto a las restantes manifestaciones punitivas, no pasan de la anécdota que se disipa a velocidad relámpago en el muro de los intereses del gobierno y el capital foráneo.
No hay que ir a Beijing o Shanghái para convencerse de la veracidad de esos cálculos. En La Habana y fuera de ella, proliferan episodios similares a los ocurridos con los letrados chinos, sin que se vislumbre la instauración de un ambiente menos sombrío.
Los pocos empresarios que se han atrevido a pulsear con los riesgos de perderlo todo o casi todo a partir del endeble marco legal y las disparatadas obstrucciones, se desentienden olímpicamente de esos pasajes del acontecer nacional.
Veremos cuantos años de cárcel le tocan al máximo responsable del bufete Frengrui. Va y tiene la suerte de que lo premien con prisión domiciliaria.
Es oportuno recordar que el código penal chino contempla la pena de muerte y Xi Jinping no tiene intenciones de decretar una moratoria. O sea que la probabilidad de ir a la tumba con unas cuantas libras de plomo en las entrañas es alta mientras el caso permanezca abierto.
Por suerte en Cuba no se fusila por oponerse al sistema. La ley lo permite, pero por el momento a los sátrapas criollos le basta con el confinamiento, los actos de repudio, los interrogatorios y las detenciones temporales.
El objetivo es acabar con los “elementos subversivos”. Una pretensión para la cual no se escatiman medios ni tiempo.
Raúl Castro lo demuestra con creces. Su homologo asiático también.
