Una causa de desacuerdo en la oposición, es la clasificación de los presos políticos. Hay disímiles formas de pensar de quién es o no es una persona llevada a la cárcel por razones políticas, pero en ninguno de los casos se toma como elemento de referencia, lo que la ONU (Organización de Naciones Unidas), o cualquier otra organización que siga esta materia, establecen al efecto.
Dentro y fuera del país circulan varias listas, las que están hechas por diferentes organizaciones y no se conocen precisamente por el nombre del grupo disidente, sino por el de la persona que las divulga.
No obstante, nunca ha habido un intento de consensar estas listas, aunque tengo que decir que traté de conseguir este objetivo, pero no dio algún resultado positivo. Los que manejan los nombres no quieren oír ni siquiera -de forma desafortunada- lo que otros tienen que decir.
También están los diferentes grupos de abogados, que no tienen participación activa en la confección de las listas y que tampoco las avalan.
Si bien es cierto que el régimen cuando ha querido quitar un disidente de las calles, le ha inventado cualquier delito, e incluso cuando un agente de la autoridad golpea a un opositor, es la victima la que queda acusada de atentado; también ha habido casos en los que se ha considerado el opositor como un preso político sin tener conexión alguna con su actividad.
En los últimos meses el Cardenal Jaime Ortega y Alamino, ha dicho en dos ocasiones que en Cuba no hay presos políticos, pero después ha invitado a que se le entregue un listado con los nombres de los que tienen esta condición.
Como es natural, al no haber una unidad de criterios dentro de la oposición, tendrá varias listas, incluyendo algunas que relacionen a personas que hayan cometido delitos -ni de forma remota vinculados a la oposición interna- ni con el objetivo de democratizar por la vía pacífica el país.
De forma humanitaria, algunos de ellos ya han pasado muchos años en prisión y necesitan ser liberados y otros, tienen sanciones desmesuradas que no les da derecho a algún beneficio durante las mismas. Pero habría que diferenciar estas personas del concepto de “preso político”, aunque se pida por ellos y por otros que también deberían estar en una lista, con menos años de privación de libertad, pero injustamente, que son los que han sido llevados a las cárceles por peligrosidad social pre delictiva.
El régimen nunca ha querido aceptar que en el país hay presos políticos, porque quiere convertir a los opositores en criminales comunes, mercenarios, terroristas y cualquier otra cosa que los desacredite como personas y en su actividad contestataria. En fin su objetivo es multiplicarlos por cero.
Con el fin de poder demostrar por qué es tan necesario consensar los listados de presos y elaborar uno solo que tenga el visto bueno de toda la oposición, se han hecho algunas pesquisas en las que hemos contactado a jefes de organizaciones, familiares, disidentes e incluso a las personas que elaboran los listados, aunque no siempre hemos obtenido la respuesta necesaria y se ha pasado mucho trabajo para poder llegar a conclusiones, por la falta de comprensión sobre el trabajo.
Como se podrá comprobar de la lectura de este análisis, algunos casos deben ser verificados por una comisión creada al efecto, que evalúe los testimonios de testigos y familiares.
No es el objetivo al difundir esta información, desprestigiar el trabajo de ninguna organización y mucho menos desmeritar a cualquier preso. Pero solo comprendiendo la importancia de un análisis conjunto se podrá llegar a conclusiones más acertadas. Estoy segura que después de leer cada uno de los casos y su examen, habrá el convencimiento de la necesidad de colegiar esta actividad.
Es importante dejar claro que no se puede descartar que existan otros presos de carácter político y que no se conozca por no estar en alguna de las listas que revisamos. El régimen no permite el acceso a las estadísticas de las prisiones y tampoco las divulga.
Quiero agradecer el apoyo de los miembros de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios, sin los que no hubiera sido posible llegar a estas conclusiones y en particular del miembro del Grupo de los 75, preso de conciencia, Arnaldo Ramos Lauzurique.
La Habana, 2 de julio de 2015
