Como parte de la canasta básica -está establecida- en las panaderías estatales la venta de un pan diario por consumidor, con un precio de 0.05 cup. Este pan debe de pesar 80 gramos y es regulado por la llamada “libreta de abastecimientos”; pero en la mayoría de las panaderías donde se produce este alimento básico en la dieta diaria de la mayoría de los cubanos, no siempre cumplen con lo establecido.
Son muchas las quejas de la población que adquiere el pan, ya que la mayoría de las veces no tiene el peso estipulado sino solo 60 gramos y no lo producen con la calidad requerida, a pesar de todas las regulaciones y controles, que dicen existen para impedir esto.
Además en algunas de las panaderías, parte del personal para la producción no son trabajadores del centro y para eso se valen de diversas estrategias fraudulentas. Introducen a personas con el uniforme de trabajadores y una credencial que los, acredita como estudiantes.
Estos trabajadores ilegales reciben como ganancia parte de la de venta de pan a los vendedores ambulantes en los diferentes repartos, se los suministran a un precio de 0.50 cup la unidad y éstos los comercializan por las calles a un precio de 1.00 cup. Nadie piense que esto ocurre a espaldas de las administraciones de estas panaderías, porque la corrupción existente los hace de la vista gorda y esto les permite participar en la distribución de la ganancia.
En muchas ocasiones como medio de disfrazar su fraude, le introducen al pan mayor cantidad de productos como levadura y uno conocido por los panaderos como mejorador; proporcionados por el Estado dentro del plan de producción con las cantidades requeridas; pero estos productos son comprados en bolsa negra para aumentar la cantidad de unidades a vender. No obstante habría que decir que cuando se pasan de la cantidad que debe tener cada pan, comprometen la salud de los que los consumen.
Según la información proporcionada por algunos de los panaderos -los cuales pidieron anonimato por temor a ser despedidos o tomen represalias con violencia contra ellos- explican que el nivel de corrupción es tan grande que la mayoría de las inspecciones son avisadas a los administradores que participan de dichos delitos, por lo que les da tiempo a organizar o disfrazar el problema. Para esto se valen de sobornos a las personas que sutilmente les dan el aviso.
¿Y el Estado no sabe de esto? ¿Y la Contralora General de la República no tiene inspectores para impedirlo? Pues la respuesta es muy simple, el Estado al igual que los administradores se hace de la vista gorda y manda a la Controlaría a que haga lo mismo, por la sencilla razón que si cierra este lucrativo negocio, se acaba el pan de la población y permitirlo garantiza que malo y con muchas quejas cada día un ciudadano cubano -de a pie- puede comerse un pan.
