Jorge Olivera Castillo.
La difusión de los artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, constituyen un delito en Cuba. Para corroborarlo una vez más, pues no es el único ejemplo en la historia del castrismo, está el reciente caso del opositor Jorge Castorberi Díaz, Coordinador Nacional del Movimiento Democrático Voz del Pueblo.
Por fundamentar su trabajo en la promoción de los 30 puntos del referido documento, aprobado en 1948 en el seno de la Organización de las Naciones Unidas, le fueron confiscadas una computadora portátil y una impresora multipropósito, el pasado 10 de mayo.
Al demandar explicaciones por la arbitraria incautación, los represores lo condujeron a una estación policial en la que estuvo por espacio de 5 horas.
Finalmente pudo retornar a su hogar, convencido de que no se les serán devueltos ambos equipos, como suele ocurrir en este tipo de acciones dirigidas y ejecutadas por oficiales del Departamento 21 de la policía política, dedicado a reprimir a los integrantes de la oposición pacífica y de las agrupaciones de la sociedad civil alternativa.
En otros tiempos, eso le hubiese costado la cárcel, pero el régimen ha ido evolucionando hacia formas represivas que minimicen los costos políticos. Los arrestos de corta duración, los actos de repudio, el monitoreo de las líneas telefónicas y la vigilancia por parte de miembros del partido, la juventud comunista y los comités de defensa de la revolución, en cumplimento de las órdenes del alto mando, son una práctica recurrente en aras de mantener la eficiencia en la aplicación del terror, sin aumentar el número de presos políticos.
Un día antes el expreso de conciencia del Grupo de los 75, José Daniel Ferrer, fue arrestado en La Habana y deportado a su lugar de residencia ubicado en la localidad de Palmarito de Cauto, a más de 700 kilómetros al este de la capital.
Tras más de 48 horas de detención fue liberado, a la espera de un posible juicio por sus métodos de lucha basados en la desobediencia civil. El proceso penal fue abierto durante su arresto el 2 de abril que esta vez se prolongó hasta el 29 del propio mes.
Para cerrar el prontuario de hechos que evidencian la falta de derechos ciudadanos y la impunidad con que actúan las fuerzas represivas dedicadas a conservar el sistema de partido único, es oportuno señalar el virulento ataque verbal de las turbas parapoliciales contra las Damas de Blanco el sábado 12 de mayo.
El hostigamiento frente a la sede de la agrupación civilista en el municipio Centro Habana, tuvo el mismo guión. Abucheos, consignas progubernamentales, palabras obscenas y música amplificada hasta niveles perjudiciales para el oído humano.
La presente relación de incidencias es solo un botón de muestra. Un ejemplo de cómo funciona el mecanismo creado y perfeccionado para que prevalezca un dogma con las credenciales del fascismo, aunque sus administradores persistan en camuflarlo con otras vestiduras.
Es hora de que el mundo tome cartas en el asunto de una manera más directa. El hecho de que no haya montones de muertos en la calles como ocurre en algunas zonas del globo terráqueo bajo el dominio de algún dictador, no debe ser óbice para pensar que las cosas en este lado del Caribe Insular son una panacea.
Las malas intenciones del grupo de poder están claras. Es cierto que la mayoría del pueblo calla sus amarguras y desesperanzas. No por eso están conformes con lo que sucede a su alrededor.
Según la historia, no todos los seres humanos tienen la disposición de asumir los riesgos de la responsabilidad en un escenario donde las probabilidades de convertirse en mártir son elevadas.
Lo peor es que para alcanzar esa categoría en Cuba, no hace falta estar muerto. Estos verdugos han aprendido a matar la voluntad de quienes no obedecen sus doctrinas. Afortunadamente su éxito tiene desperfectos. No todos los cubanos se resignan a contar sus penas en el redil, a pesar de las consecuencias.
