Martes , 27 Junio 2017

Represores con la mano en el arma

Por: Alejandro González Raga.

 

Una cosa es el periodismo y otra la ley. Cuando un medio de prensa publica una acción represiva en Cuba los detalles  llegan a los lectores, pero a las instituciones que monitorean y registran la deriva de los Derechos Humanos  les puede pasar por debajo de la mesa.

Como allá se han vivido tantos años sin cultura jurídica y con las leyes redactadas a lápiz y guardadas en las camisas de los uniformes verde olivo, la gente no confía en los aparatos de justicia y la abogacía es sólo una profesión dedicada a pedir clemencia, no justicia.
Para enmendar  este extravío trabajan en conjunto en la capacitación
de Observadores el  Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH),
la Comisión Cubana de Derechos Humanos  Reconciliación Nacional
(CCDHRN) y otros actores dentro de la isla.
Se proponen enseñar y hacer  cumplir  los requisitos que condicionan la tramitación
de denuncias,
Parte de este empeño es la reciente denuncia establecida por abogados
y activistas cubanos ante la fiscalía general de la Republica de Cuba
y la  presentación ante la CDIH del caso de Yoani Sánchez
Cordero  por parte de la sociedad de abogados Aparicio, Arp, Schamis &
Associates, LLC radicada en Los Ángeles California.
Se trata  de un trabajo iniciado en el mes de mayo y que
involucra a la firma litigante, el  Observatorio Cubano de Derechos
Humanos  y la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación
Nacional.
El  proceso de este  y  otros casos comenzó con la
solicitud a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos  (CIDH) de
medidas cautelares para  cerca de 20 víctimas que ahora idéntica el bufete californiano.
La  tramitación de los casos  se hace  con apego al  procedimiento que exige los mecanismos internacionales de defensa de los Derechos Humanos. Y en franca lucha contra el marabú de las dificultades de las comunicaciones con la oposición interna.

La documentación de estos casos necesitó paciencia asiática y dinamismo caribeño porque  que requirió  el envió de alrededor de
20 cartas de compromiso  (Engagement Letter) que autorizan  la
representación legal de las víctimas.
En este mes de  octubre debe de hacerse pública  una docena de los 20 casos que se estudian. Estarán entonces, como denuncias,  sobre las mesas de los expertos para un examen profesional.  Y las páginas de la prensa  a manera de testimonio de la represión y de la tenacidad de quienes trabajan por la libertad.


 

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