Martes , 27 Junio 2017

Operativo de la seguridad del Estado detiene un autobús y se lleva preso a dos activistas de Derechos Humanos

El pasado Jueves 16 de febrero 2017,  a las 5:10 p.m cuando regresaban  de la Habana para la provincia de Pinar del Río, fueron detenidos por un gran operativo de la Seguridad del Estado, los abogados y activistas de derechos humanos José Ernesto Morales y Rigoberto González Vigoa; ambos viajaban en el autobús que se dirigía a la citada provincia occidental  y cuando faltaban cerca de 20 Kilómetros, el autobús fue obstaculizado por varios policía y cuatro oficiales de la Seguridad del Estado.

Exigieron a los defensores que bajaran del autobús siendo requisados y montados en un auto marca LADA perteneciente al mismo órgano represivo. Fueron trasladados al Departamento Técnico de Instrucción contra delitos a la Seguridad de Estado de la provincia de Pinar del Río ubicado en el kilómetro 4, carretera a San Juan y Martínez; en ese lugar los amenazaron y al abogado Rigoberto le ocuparon tarjetas de presentación, entre otros artículos y al abogado José Ernesto le ocuparon un carne que lo acreditaba como defensor de derechos humanos perteneciente a  Front Line Defenders, un lapicero, una memoria de datos, dinero equivalente a 18 cuc,  un formulario de refugiado político, entre otras cosas.

Estuvo presente todo el tiempo dirigiendo el operativo el Capitán Juan Pérez, jefe de la Unidad especializada dirigida al hostigamiento y la persecución de activista de derechos humanos, quien les recordó a ambos detenidos “que ya no tendría más compasión, que cada día la represión iba a ser mayor, que a ellos no les importa que organizaciones de derechos humanos (como por ejemplo la comisión Interaméricana de derechos humanos) conozcan la situación, porque ellos tienen las vías y los métodos para darles a entender al mundo otra versión”.

Fueron puesto en libertad después de ser amenazados de que podían ser condenados por delitos de desacato y desobediencia después de haber un enfrentamiento, quedándole bien claro a los oficiales que el hecho cometido era una gran violación a los derechos humanos y que era un robo autorizado por la jefatura de la Seguridad del Estado de Cuba.

 


 

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