Martes , 27 Junio 2017

La pobreza institucionalizada

En nuestro país existen factores institucionales que generan pobreza y exclusión. El entorno institucional mediante el cual la sociedad se relaciona con la tecnología o las posibilidades de desarrollo que la época ofrece, regula la exclusión de distintos estratos sociales a las posibilidades de vida y organización familiar. Es peor cuando se comprende que estas formas de exclusión institucional son inducidas con métodos coercitivos.

Hubo un momento en la larga historia de desastres económicos que se vive en el país, que el sistema de ayuda social -muy paternalista- se hizo responsable de que la gente eligiera tanto la exclusión como la dependencia del Estado. Estas ayudas sociales excesivas o más bien mal construidas crearon en su momento fuertes incentivos para no elegir la participación laboral e incluso crear formas de familia más “normales”.

Y hay que decir que los pobres no son actores pasivos en la sociedad, ellos presentan comportamientos que refuerzan, mantienen y reproducen la pobreza; lo que como tendencia cultural puede ser transmitido de generación en generación.

Se puede afirmar que toda esta condición de pobreza que hay en Cuba, es responsabilidad del sistema, que por razones políticas la prefiere y es por eso que frena el desarrollo social.

Casos específicos que ejemplifican esta exposición, se sobran a lo largo de toda la isla, pero en mi comunidad, en el municipio Boyeros, en la capital, vive una familia de la raza negra, en la calle Rosita, Pasaje Descargadero Final sin número, que se puede considerar dentro de las que habitan en condiciones infrahumanas. Ellos son 8 de familia, de los cuales 3 están presos por delitos económicos, hay tres menores de edad y la jefa del núcleo, nombrada Yulie Modoy Abreu que recibe la ayuda económica de su hija de 19 años de edad, que se dedica a lavar ropa y limpiar casas.

Las condiciones extremas de pobreza en que cohabitan están definidas por ser un cuarto de madera, con paredes hechas de trozos de tablas, el techo de pedazos de tejas de fibrocemento y las divisiones internas son de cartón. Ni siquiera cuentan con una letrina en el patio para hacer sus necesidades fisiológicas, para lo que usan bolsas de nylon –conocidas de forma popular como “jabitas”- que luego botan al vertedero o al río, que es donde desembocan todos los desagües y fosas del lugar. Para bañarse esperan que caiga la noche y lo hacen en un pisito en el fondo del cuarto.

Yulie salió del poblado donde vivía nombrado Pueblo Chile, en el municipio de San Luis, Santiago de Cuba; acompañada de sus hijos, hermanos y esposo, buscando una mejor calidad de vida en la capital; algo que conciben muchas personas desde hace algún tiempo, sobre todo de las provincias orientales. Pero la realidad para ellos ha sido muy difícil. Ella dice no comprender cómo se gastan tantos recursos ayudando a otros países, “cuando en Cuba viven personas –como yo- en la extrema pobreza”.

El lugar donde reside está declarado por la Dirección Municipal de la Vivienda como no habitable e incluso intentaron expropiarla de su hogar que, aunque está en tan malas condiciones, es lo que ha podido levantar hasta el momento. Explica que ella le dejó bien claro a las autoridades que no había quien la sacara de su casa, si no era para darle una vivienda mejor.

Solicitó ayuda a las autoridades correspondientes las que han hecho caso omiso del problema, ha tratado que su situación sea analizada por las altas esferas del gobierno, enviando cartas al Consejo de Estado, al Comité Central del Partido, a la Dirección Nacional de la Vivienda y de ninguno ha recibido respuesta.

A Yulie le causa mucho dolor cuando para trasladarse en un ómnibus, camina hasta 100 y Aldabó y ve como en tan solo 2 años han edificado una ciudad para los militares y que su caso se ha ignorado completamente.

La afectación psicológica tampoco se ha hecho esperar, por ejemplo, la niña menor de Yulie plantea que no lleva amiguitas de la escuela a su casa, porque le da pena y tiene miedo que se burlen de ella.

La Habana, 15 de noviembre de 2016.

 


 

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