El Observatorio Cubano de Derechos Humanos obtuvo información de nuestros colaboradores en la isla acerca de 8.970 detenciones arbitrarias durante el recién concluido año 2.014, asunto que hemos estado denunciando incesantemente. La gran mayoría de estos actos represivos fueron realizados para impedir o interrumpir el ejercicio de legítimos derechos humanos.
Nos preocupa sobremanera que casi el 64 por ciento del total de detenciones arbitrarias, 5.737, fueron sufridas por mujeres; lo cual es doblemente lamentable y evidencia el ensañamiento del gobierno cubano especialmente contra los movimientos femeninos como las Damas de Blanco.
Cuba continúa siendo un lugar inseguro para las libertades individuales, especialmente para las iniciativas ciudadanas autónomas, al margen o directamente contrarias a las normativas de un gobierno que criminaliza el derecho a la libertad de opinión y de expresión, el derecho de reunión y asociación pacífica, y que niega la difusión y acceso sin restricciones a la información (el derecho a internet, reconocido por el Consejo de Derechos Humanos en 2.011, sigue siendo un espejismo para los cubanos).
Los activistas sociales y de DD.HH. continúan sin tener una protección efectiva en el ordenamiento jurídico ante las acciones de la policía y de las brigadas de respuesta rápida. Siguen siendo atacados en su integridad física y moral, y sufriendo constantemente la injerencia del Estado en sus vidas privadas.
Los trabajadores cubanos dependen de un sistema que no sólo coarta su libertad y condiciona su expresión sino que, además, paga salarios inferiores al salario mínimo de un obrero textil de Bangladesh, considerado por medios de comunicación el salario más bajo del mundo (unos 49€ al mes). También les está prohibido el derecho a sindicarse libremente, así como a negociar contratos de trabajo. El estado continúa siendo el mayor empleador y quien gestiona el acceso a los puestos mejor remunerados, que se obtienen con la aprobación o aval del Partido Comunista de Cuba o de las organizaciones de masas que este controla (y que ha rebautizado con el eufemismo de ONGs).
Las familias cubanas continúan sin tener el derecho a elegir qué tipo de educación prefieren para sus hijos (derecho reclamado entre otros por el Papa Juan Pablo II durante su visita a Cuba, hace ya 16 años). Las escuelas son propiedad del omnipresente Estado, que es también el único “educador”.
Los derechos sociales, por muchos años enarbolados por el gobierno como engañoso argumento para justificar la supremacía de su sistema, continúan siendo más un instrumento propagandístico y político que un reconocimiento real y efectivo de unas condiciones de vida que permitan a las personas desarrollarse dignamente.
La participación del gobierno cubano en campañas médicas en otros países, son acciones aplaudidas por la comunidad internacional; sin embargo, tal proceder, además tener un carácter lucrativo, es utilizado para establecer deudas de gratitud y relaciones clientelares por y con los gobiernos de los países receptores de esta ayuda, que luego se traduce en apoyos puntuales en organismos internacionales como la Asamblea General de ONU o el Consejo de Derechos Humanos. Además, estas muestras de solidaridad esconden importantes violaciones a los derechos laborales del personal participante y contribuyen al deterioro y la desidia que predominan hoy en el sistema de salud pública nacional.
El nivel de vida de los cubanos se ha degradado insoportablemente. La protección social de la población ha caído a niveles alarmantes; las cifras de personas en riesgo de exclusión aumentan al incrementarse el costo de la vida y no hacerlo proporcionalmente las pensiones y las ayudas sociales. Muchas familias cubanas viven hacinadas, sobre todo en la capital, donde 33.889 núcleos familiares necesitan de un hogar (aproximadamente unas 132.699 personas), según datos de la prensa oficial cubana, que aseguraba en el 2013 que el déficit habitacional era de unas 600.000 viviendas.
En el último año, producto de esta precariedad vital, se produjo un notable incremento en el número de cubanos que intentaron llegar a los EE.UU y otros países del entorno. Como botón de muestra citaremos los casos del Servicio de la Guardia Costera de los EE.UU. que declaró que en este año fiscal interceptó en el mar la cifra de 3.378 cubanos, un récord para los últimos cinco años, y fuentes del Instituto Nacional de Migración de Honduras indicaron que hasta septiembre de 2.014 detuvieron en diferentes puntos del país a 2.509 cubanos.
Después de 56 años de “gobierno revolucionario” no hay un sector de la población ajeno a la penuria y los nefastos efectos de un régimen con ansias de perpetuidad. Las acciones represivas de la última semana de diciembre de 2.014 en La Habana, a escasos días de anunciarse un acuerdo entre los gobiernos de EE.UU. y Cuba, son la evidencia del irrespeto del gobierno cubano por los Derechos Humanos. De esa manera, lejos de dar señales positivas en respuesta a las acciones emprendidas desde diversas partes del mundo, el gobierno cubano acentúa su menosprecio por las esperanzas, anhelos, derechos y libertades de sus ciudadanos.
Madrid 4 de enero de 2015
Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
