En su última Carta Pastoral “La esperanza no defrauda“, los obispos cubanos expresaron la necesidad de que en Cuba se lleven a cabo reformas políticas:
“…creemos imprescindible en nuestra realidad cubana una actualización o puesta al día de la legislación nacional en el orden político. Desde hace algún tiempo han surgido incipientes espacios de debate y discusión en diferentes instancias y ambientes, en ocasiones creados por los mismos ciudadanos: intelectuales, jóvenes y otros que, desde la base, han expresado de distintos modos su visión de los cambios necesarios en Cuba con opiniones y propuestas serias y diversas”.
Como se infiere, son unos cambios concretos que deben surgir como expresión de la diversidad que encarna la propia sociedad cubana actual; pues Cuba es un país social y políticamente diverso, con disímiles expresiones socioculturales y diversas tendencias políticas. El problema es que esa diversidad no sólo nunca ha sido reconocida como legítima, sino que ha constituido motivo de encarcelamientos, y atropellos e injusticias de todo tipo.
Por el bien de los cubanos el país debe avanzar hacia un pluralismo fundamentado en esa policromía y apegado indisolublemente al respeto de las libertades y los derechos humanos. Pero un pluralismo que, al fin y al cabo, necesita de garantías legales y materiales que le den cuerpo en la vida social, entre ellas: una ley de partidos políticos y una nueva ley de asociaciones, acompañadas de los necesarios cambios a nivel constitucional que quiten la hegemonía actual al Partido Comunista y que eliminen todo tipo de condicionamiento político al ejercicio de las libertades.
