Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene así mismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, vejez u otros casos de pérdidas de sus medios de subsistencia independiente a su voluntad. Esto es parte del contenido de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Pero en la vida real, no es el caso de la señora Concepción Hernández Barbón (Concha) vecina de Calixto García # 70 entre Santa Clara y Pinar del Río, Reparto Párraga, en el municipio capitalino de Arroyo Naranjo. Ella se vistió con sus mejores galas para recibirnos y cuenta -con lágrimas en los ojos- que trabajó para el Estado por más de 28 años; primero como Especialista en Control y Planes de Reservas para Contingencias, en el Ministerio de Comercio Interior y continuó como económica en el Ministerio del Turismo.
Después de todos estos años de servicios, según piensa, fue víctima de una confabulación en su contra creada por dirigentes de la entidad y la sancionaron de manera injusta a separación del centro laborar.
Concha realizó reclamaciones a todas las instancias de gobierno sin resultado alguno, explica que a sus reclamaciones nunca se les dio respuesta, porque altos funcionarios se encontraban involucrados en el caso.
Desde 1998 que fue sancionada, no le han permitido ejercer su profesión en ningún otro centro laboral, alegando que se encuentra enferma de los nervios. No obstante, la Dra. Ana Rosa Piñeiro, fundadora del Consultorio Médico de la Familia, ubicado en Habana y Moisés Maestro, en la misma localidad, asegura que en su consultorio no existe ningún documento que acredite que Concepción padece de alguna enfermedad mental.
Esta mujer de 68 años de edad, vive en condiciones infrahumanas, su casa se encuentra en peligro de derrumbe, sin servicio de electricidad, ni agua potable. No recibe ayuda de ningún organismo oficial, lleva años exigiendo su jubilación, pero su expediente laborar se encuentra desaparecido. Tampoco recibe la pensión de su esposo fallecido el ingeniero Nelson Fuente Ruiz que laboraba en el Instituto de Geografía de la Academia de Ciencias.
