Acostumbrados a que les oculten o les minimicen las desgracias, muchas personas se extrañaron de la celeridad y extensión de la información oficial sobre la catástrofe del edificio en la calle Habana entre Obispo y Obrapía, ocurrida el pasado 15 de julio; y más aún que se confesara que los trabajos constructivos que lo provocaron tenían un carácter legal.
El hecho de que ocurriera en una zona muy concurrida por nacionales y turistas, precisamente al doblar de la populosa calle Obispo y que se divulgara de persona a persona, de forma inmediata hasta alcanzar casi toda la ciudad e incluso cruzar el mar hasta Miami, hizo que una multitud de curiosos se aglomeraran en el lugar hasta varias horas después del suceso, lo cual obligó a las autoridades a publicar la Nota de Prensa.
Sin embargo no se pronunciaron sobre los comentarios que circulaban entre los vecinos del lugar, acerca de que los trabajadores de la obra derribaron una pared de carga, además de que los moradores del piso superior ya se habían quejado ante las autoridades municipales sin resultados, por lo que la muerte de las cuatro personas es no solo de la responsabilidad del arquitecto de la comunidad, sino también de las autoridades de la Dirección Municipal de la Vivienda.
La socorrida frase “se investigan las causas” que cerró este caso, tal y como normalmente ocurre en este tipo de incidentes hace conjeturar, que como siempre, no habrá más divulgación sobre el asunto; pero la muerte de una infante de tres años y dos jóvenes apenas salidos de la adolescencia exige que las autoridades implicadas en la autorización de la obra sean encausadas y sancionadas.
Es conocido que en el país y en especial en La Habana, ocurren de forma cotidiana derrumbes de inmuebles con personas heridas y muertas, pero lo singular de este hecho es que no se puede achacar -como se acostumbra- al llamado bloqueo, ni a tormentas, sino a una franca irresponsabilidad.
La Habana, 18 de julio de 2015.