Aparte de sus conocimientos en materia judicial, el licenciado Rafael Pino es un experto en propalar medias verdades así como en la articulación de subterfugios retóricos, si las circunstancias lo requieren.
Hace unos días expuso sus habilidades ante un panel de las Naciones Unidas sobre la tortura. Los especialistas de varios países que le formularon las preguntas sobre el tema, pudieron escuchar respuestas que lejos de esclarecer añaden capas de sombra sobre una situación en que la impunidad y la reincidencia alcanzan índices preocupantes.
¿Cómo calificar las aseveraciones del Fiscal General Adjunto, de que en Cuba no existen centros de detenciones ilegales, ni cárceles hacinadas, ni la inexistencia de muertes en prisión a causa de abusos y negligencias cometidas o permitidas por las autoridades pertinentes?
Los intentos por lavar la imagen de un régimen que ha codificado la arbitrariedad sobre supuestos fines de proteger la “pureza” del linaje revolucionario de la mayoría del pueblo, son parte de un diseño publicitario que desafortunadamente a lo largo de varias décadas ha logrado, con mayor o menor efectividad, opacar los reportes donde se detallan las palizas propinadas por los carceleros, el hacinamiento y otras faltas cometidas tras los muros de los numerosos centros penitenciarios.
Este funcionario usa el mismo lenguaje a través del cual se legitima el rosario de arbitrariedades entre las que habría que incluir los actos de repudio, las detenciones temporales, los arrestos domiciliarios, las campañas de difamación por todos los medios de prensa, y otras formas represivas que buscan la desestabilización psíquica de los integrantes de la oposición pacífica y de la sociedad civil alternativa.
El hecho de que haya disminuido, de manera considerable, el número de prisioneros políticos y de conciencia, no es motivo para batir palmas.
Mientras no haya una reforma del código penal ni exista el marco legal para el pleno ejercicio de las libertades fundamentales, es iluso pensar en el mejoramiento de los indicadores en cuanto a la capacidad para ejercer la libertad de expresión, reunión y asociación, sin el peligro de ir a la cárcel.
¿De qué avances en el respeto a los Derechos Humanos puede hablar el señor Pino, si el documento promulgado en 1948 por la Organización de las Naciones Unidas, que certifica los 30 artículos que refrendan el disfrute de esas libertades, es en Cuba un documento subversivo?
En los últimos 30 años, cientos de cubanos han ido a prisión, tanto por el empeño de practicar esos derechos, al margen de prohibiciones o condicionamientos, como por disponerse a repartir plegables con su contenido íntegro.
El argumento de que “todas y cada una de las denuncias presentadas a la Comisión sobre supuestas torturas o malos tratos eran falsas”, refuerza el triste papel de un profesional que presta sus servicios a una dictadura de la cual, él también pudiera ser un rehén.
Amnistía Internacional y Human Rigths Watch, por citar dos de las más importantes entidades internacionales que monitorean las violaciones a los Derechos Humanos alrededor del mundo, no suelen equivocarse en sus reportes.
En un resquicio de mi memoria, a prueba de olvidos, permanece la imagen de aquel preso de la raza negra con las manos atadas a una reja y tres guardias descargando su furia zoológica en su torso desnudo.
Era un adelanto de lo que tendría que ver, en vivo en directo, durante casi dos años como preso de conciencia.
Fue en la mañana de un día del mes de Abril de 2003 que mis ojos y oídos recogían los detalles de esa escena dantesca.
Estaba en el vestíbulo de la prisión de Guantánamo, a 900 kilómetros de mi lugar de residencia, en La Habana.
Por eso la insistencia de refutar los argumentos del fiscal Rafael Pino. Sobran los testimonios de abusos flagrantes y torturas en las cárceles de la Isla.
Cuba no poseerá el peor sistema carcelario del mundo, pero una dictadura no puede ser ejemplo de nada, menos al conocer la existencia de más de 200 prisiones y campos de trabajo.
El disfraz de humanismo y sensatez, es solo un pretexto para camuflar las tropelías.
Las dictaduras, independientemente de su signo ideológico, merecen el repudio de comunidad internacional. No hacerlo es alargar la agonía de sus víctimas.
Por Jorge Olivera Castillo.
