Cooperantes sin derechos

La noticia de  que el gobierno brasileño contrataría el servicio de alrededor de  unos  seis mil médicos cubanos ha  dado  paso  para aquella frase cubana: se armó la gorda. Y es que el anuncio es nitroglicerina para  la  suspicacia.

Un amigo me comentaba que las protestas de hace unos meses  que obligaron a Dilma Rousseff a tomar la decisión de adelantar este convenio, bien podrían haber sido organizadas  por el gobierno cubano, creando la necesidad para luego ofrecer la solución, y el planteamiento me resultó creíble.

El gobierno cubano  es hábil en  provocar. Acreditado está el temor de muchos  gobiernos del área al enfrentamiento con  los hermanos Castros, conociendo como conocen su capacidad  para organizar la anarquía;  Madrid conoce de ello, médicos cubanos han estado en los orígenes de las revueltas en el sector de la salud.

Los  actos de acoso  sucedidos en Brasil contra Yoani Sánchez y en Madrid contra Berta Soler, entre otros,  son  réplica de los actos de repudio que se realizan en Cuba y  en los que el gobierno castrista tiene vasta experiencia. Los nexos de varios de estos grupos  que realizan “protestas” o “manifestaciones” poco pacíficas y mucho menos cívicas con la policía política cubana se evidencian en sus ideas y eslóganes (copiados de conocidos pogromos), cuando no de una abierta simpatía hacia los Castro, lo que es  un indicador  del poder de subversión que aún conserva la vetusta dictadura cubana.

Pero a mi modo de ver hay  en el tema de los médicos cubanos otras componentes  además  del gobierno Brasileño. Habría que examinar  el auxilio que presta la Organización Panamericana de la salud, que con su presencia en la negociación disfraza de programa de cooperación un tratado mercantil  por el cual el gobierno cubano se embolsará alrededor de 511 millones de dólares anuales y  desembolsará por este servicio 19 millones 200 mil dólares, lo que representa un beneficio neto de 491 millones 800 mil dólares anuales para la dictadura.

Según la “Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios” se considerara como tal a “toda persona que vaya a realizar, realice o haya realizado una actividad remunerada en un Estado del que no sea nacional”.

Los médicos cubanos entrarían en esta categoría a no ser por este apartado: “Las personas enviadas o empleadas por un Estado fuera de su territorio, o por un empleador en su nombre, que participen en programas de desarrollo y en otros programas de cooperación” Lo cual se  justifica con la presencia en las negociaciones del Cubano Joaquin Molina quien representa a  la Organización Panamericana de la Salud en Brasil.

La vice-ministra de salud de Cuba, Marcia Cobas, ha afirmado  en  la Universidad  Brasilia donde asistió a la inauguración del  módulo  de acogida y evaluación para los profesionales cubanos participantes del programa  Mas  Médicos que estos van  recibir  entre un 40 y un 50%  de los salarios establecido.

Según informaciones recibidas por Médicos cooperantes en Venezuela, Cada médico cubano recibe mensualmente  50 CUC  (peso convertible cubano de igual valor al dólar)  y 375 pesos cubanos (Moneda Nacional cubana) aproximadamente unos 15 dólares. También cada mes se les retienen 125 CUC que podrá  cobrar el titular cuando viaja a Cuba de vacaciones o al término de la misión, cuando se  le entrega otra cantidad que es proporcional al cargo y al tiempo trabajado. Reciben  además el equivalente a 150 dólares  para gastos personales y de alimentación  en el país donde se desempeñan y en la moneda de ese país. En total son unos 400 dólares mensuales en el mejor de los casos.

El método de pago y las retenciones constituyen además de una arbitrariedad  una herramienta  de anclaje y coerción, diseñada para evitar  “deserciones”; añadámosle a esto las restricciones en  la movilidad,  el control a sus comunicaciones,  la vigilancia a la que son sometidos, además de  la imposibilidad de viajar con familiares como los demás profesionales que participan en el programa .

Geraldo Ferreira presidenta de la Federación Nacional de Médicos (Fenam). Ha afirmado  no estar de acuerdo en la triangulación del pago a  los médicos, mientras que las demás partes del programa lo recibirán  en sus cuentas. Ademas el profesor de la USP y experto en derecho laboral, Marcus Orione, dijo que legalmente el contrato de los médicos cubanos es algo inusual.Mientras que  el  Abogado  General del Estado Luís Inácio Adams habia dicho que no tendrían derecho de asilo, esto sugiere que ha habido un debate o al menos una reflexión sobre  los términos de la contratación, no es posible entonces que el ministro de sanidad  Alexander Padilha y  el representante de OPS en Brasil, Joaquín Molina (cubano) responsables directos de esta negociación, declaren no  conocer el salario que recibirán  los  médicos cubanos.

Evidentemente, las partes han prestado más atención a las cuentas y las medidas restrictivas, que en los derechos de los trabajadores cubanos. La Fiscalía Federal en el Distrito Federal (MPF-DF) decidió el martes 27 agosto, iniciar  una investigación civil sobre   las denuncias de presuntas violaciones a los derechos humanos de los cubanos.

La investigación la realizará la  Procuraduría del Distrito Federal, quien dijo que el martes  que solicitó información a los ministros de Salud y Educación, Aloizio Mercadante, y las Organizaciones Panamericana de Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El Fiscal Federal quiere además, tener acceso a una copia del “Acuerdo sobre la cooperación técnica para mejorar el acceso de la población a la atención básica de la salud”, que fue firmado por el Gobierno y  la OPS. Tras la recepción de la solicitud de información, las autoridades tienen 15 días para responder a las preguntas.

El gobierno brasileño y la OPS  debieron considerar estos aspectos antes de suscribir este convenio, porque esta “huida” del derecho laboral internacional propiciada al disfrazar de acuerdo de cooperación lo que en realidad es un negocio, es éticamente inaceptable.  Aunque muchos cubanos prefieran convertirse en mano de obra esclava, como vía  para salir del país y ayudar a sus familiares que subsisten dentro de la Isla, están siendo discriminados  de manera evidente y organizaciones como la OPS  y gobiernos como el de Brasil, que intentan un comportamiento democrático no deberían aparecer asociados a estas actuaciones.