Los cuentapropistas han encontrado un tropiezo estatal con “los paladares” que, aunque son los más afectados en estos momentos, no son los únicos negocios particulares sobre los cuales ha incurrido el retroceso del régimen, que como siempre cae en el concebido: ahora sí, ahora no.
Otros trabajos privados también han sido afectados, aunque no se haya dicho algo de forma pública, pero los hechos están ahí, a la vista de todos. En el municipio Güira de Melena de la provincia Artemisa, un señor nombrado Saimy Frómeta Borges, de 42 años de edad, que reside en la Avenida 91 #9212, fue perjudicado también, a pesar de estar cumpliendo lo establecido en la ley.
Ha sido objeto en reiteradas ocasione de violaciones a sus derechos ciudadanos incluyendo un arresto por diez días, del cual pudo ser liberado bajo una fianza de mil pesos cubanos, (1000 cup) por un delito que nunca cometió de Actividad Económica Ilícita.
Saimy -que es un hombre de la raza negra- se considera víctima de un atropello judicial, porque cuenta con toda la documentación que lo acredita como “Elaborador Vendedor de Alimentos de Forma Ambulatoria”, expedido por el Ministerio de Trabajo y también tiene los recibos de los pagos efectuados a la Oficina Nacional de la Administración Tributaria (ONAT) por más de dos años de ejercicio de esta actividad.
También explicó que pudo mostrar los comprobantes -de la red de tiendas de divisas- que prueban la legal adquisición de la materia prima con la que elabora los dulces que vende. Pero nada de esto fue analizado y tenido en cuenta por los investigadores policiales y la fiscalía municipal en el momento de detenerlo.
Agregó el afectado que le fueron decomisadas y destruidas todas las herramientas de trabajo sin verificación alguna, incluyendo el horno que utilizaba que fue cortado en dos. Adicional a todo esto ahora enfrenta –injustamente- un proceso penal por el cual lo pueden sancionar con pena de hasta dos años de privación de libertad.
Se refirió a lo infructuoso que resulta realizar una reclamación ante los organismos centrales del Estado, ya que presentó queja y copia de toda la documentación legal de su ejercicio en la oficina de atención a la ciudadanía del Consejo de Estado y todo ha sido en vano.
La situación comenzó cuando se personó la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) en su casa y le pidió el carné de cuentapropista que se lo había llevado un inspector de la ONAT que con antelación lo había visitado. A pesar de que él tenía todos los documentos en orden, no les interesó que se los mostrara, sólo el carné que no tenía y por lo tanto le decomisaron los instrumentos de trabajo. Entre ellos todas las cubetas donde almacenaba el agua y un tanque que permanecía en su casa desde el año 1980, porque dijeron que era robado. Explica el afectado que ahora no tiene recipiente para almacenar agua en la casa, en un pueblo en el que realmente casi nunca hay agua.
Ahora, este señor se encuentra en un limbo jurídico, pues cuenta que con el paso de los días no ha recibido alguna notificación de la fiscalía para esclarecer el caso, tampoco le ha sido devuelto el efectivo depositado en fianza.
¿Qué puede hacer? ¿A quién se puede dirigir? Las respuestas son muy sencillas: nada puede hacer y no va a encontrar alguien que lo oiga. En Cuba hay una gran cantidad de personas que se encuentran en este mismo limbo jurídico.
Artemisa, 10 de noviembre de 2016.
