En estos días se ha estado hablando de la forma de combatir la violencia de género. La hija del personaje más importante de la gerontocracia cubana, Mariela Castro Espín, estuvo en uno de los programas menos populares de la televisión: “La Mesa Redonda”. A través de esta sexóloga, el régimen se vanagloria -de manera hipócrita- de ser paladín en la defensa y protección de los derechos de las mujeres. Pero todos sabemos que es muy diferente la realidad a estos conceptos virtuales que se difunden por los medios.
Un ejemplo bien gráfico que además tiene pruebas filmadas que han dado la vuelta al mundo, es el maltrato de los oficiales de la Seguridad del Estado a las Damas de Blanco, semana tras semana, para impedir que acudan a Misa en la Iglesia de Santa Rita.
Pero al parecer no son ellas las únicas que sufren violencia física de oficiales del Ministerio del Interior. Le expondré el caso de una mujer en la provincia de Artemisa, madre de dos pequeñas niñas que tolera a diario los abusos violentos de su ex pareja, un sub teniente de la Policía Nacional Revolucionaria, en el municipio Güira de Melena.
Amarilis Ramona Domínguez Ramos es la mujer en cuestión, domiciliada en la finca “La Cañada”, Carretera San Antonio de los Baños. Es madre de dos niñas de diez y doce años y al papá, ella lo acusa de ser responsable de violentos atropellos, malos tratos, amenazas y hostigamientos contra su persona. A lo que habría que añadir que usa su investidura, sus grados y su cargo para realizar abuso del poder.
Explica Amarilis que ella ha usado todas las vías jurídicas correspondientes para efectuar las denuncias de estas agresiones físicas, pero las autoridades del territorio tienen un silencio cómplice con el uniformado y se muestran negadas a intervenir e iniciar proceso judicial contra el culpable; a pesar -incluso- de haber mostrado múltiples evidencias físicas.
El nombre del oficial es Carlos Luis Fernández Mazó, y producto de su asedio brutal, su vida se ha vuelto un calvario que incluye también a los demás miembros de su familia que se han visto involucrados, porque haciendo uso de sus facultades los ha encerrado sin motivos en celdas de la Policía Municipal.
Según Amarilis, este “agente de la ley” ha utilizado en varias ocasiones violencia física en su contra en plena calle, la tiene bajo amenaza. Por las dimensiones del problema y la forma en que ha ido creciendo la violencia, ha presentado quejas y denuncias ante las distintas instancias de la Fiscalía, y de la Policía; de igual forma se ha dirigido al Consejo de Estado, y hasta a la Fiscalía Militar y en ninguno de esos organismos se le ha hecho justicia.
En particular en la Fiscalía Municipal, una fiscal de nombre Merlin la ha tratado con falta de ética profesional y actúa de manera déspota, dejando en dudas la transparencia con la que se supone accione este órgano de justicia.
Como dato adicional; la agraviada mujer refiere que el oficial que atiende el área de menores posee evidencias y grabaciones de entrevistas que ha tenido con las niñas, donde ellas narran las golpizas que han visto propinarle a su madre por parte de su progenitor. También esta mujer desesperada ha entregado informes médicos que evidencian el daño sicológico que la situación ha creado en el comportamiento y desarrollo de las pequeñas.
Estas pruebas presentadas por Amarilys han sido archivadas arbitrariamente, sin ser expuestas a los órganos correspondientes y mostrando una evidente complicidad y protección de esa esfera gubernamental con el agresivo militar.
Dice el refrán que no se puede predicar moral cuando se anda desnudo, y el Ministerio del Interior ha mostrado que practica la violencia física contra la mujer, con una carencia total de valores éticos.
Como si fuera poco, después de su contacto conmigo, Amarilis me informa que ha sido acusada de desacato por su propio ex esposo y que será remitida a la fiscalía para comenzar el proceso del juicio.
Artemisa, 31 de enero de 2017
