En la clausura del XI Congreso de la Asociación de Agricultores Pequeños (ANAP), Machado Ventura arremetió contra los intermediarios tildándolos de especuladores y los calificó de gente inescrupulosa que hay que combatir y eliminar (1), pero en ese mismo evento se pusieron de manifiesto algunos ejemplos que ponen en evidencia quienes son los verdaderos ladrones a gran escala.
Marino Murillo se refirió a la miel de abeja e informó que se pagaría a los productores a 17 900 pesos la tonelada (2), equivalentes a 716 dólares, que es apenas el 21,7% de a lo que se cotiza en el mercado internacional, por lo que el régimen se queda con la parte del león.
En un aparente rasgo de generosidad se entregaron a 200 mil personas, 1,7 millones de hectáreas de tierras ociosas en usufructo, previsiblemente plagadas de marabú y otras malezas, pero Marino Murillo se apresuró a destacar que “el usufructo no es propiedad” (3), y se anunció que a 43 mil de ellos se les rescindió el derecho a su uso (2), es decir más de la quinta parte, posiblemente después que dejaron las tierras limpias de marabú. Otro ejemplo de la falta de escrúpulos de los que mandan en el país.
El “Zar de la Economía” indicó además que el presupuesto aportaría 9 mil millones de pesos para subsidiar productos de la libreta (2) algo que parece exagerado ya que la ministra de Finanzas y Precios, Lina Pedraza, había informado en la sesión de diciembre de la Asamblea Nacional del Poder Popular, que para el financiamiento a la canasta familiar normada se destinarían 2 606 millones de pesos (4. Pero cualquiera que fuera la cifra es muy inferior a los más de 15 mil millones que el Estado recaudó el año pasado por el impuesto de circulación y ventas, que encarece los productos muy por encima del costo de producción.
Ese impuesto pone en evidencia dos cosas: la primera es que no es el Estado el que financia a la población, sino a la inversa; y la segunda y más importante: que ese impuesto es ilegal. Solo habría que remitirse a diciembre de 2010, cuando en la propia Asamblea Nacional del Poder Popular, la señora Lina dijo: “El impuesto de circulación no quedó aprobado en la ley que hoy está vigente. Ese impuesto es el que ya existía, se aprobó la ley, no se cambió, se quedó ese impuesto vivo, sin que tuviera aprobado en la nueva ley, por la capacidad recaudatoria que tiene” (5).
Es decir que se gravan todos los productos con un impuesto ilegal que el año pasado representó el 33,6% de los ingresos del presupuesto y el 19,1% del Producto Interno Bruto a precios corrientes.
Estas son tropelías recientes; pero se podría hacer la historia de las 922 empresas de propietarios cubanos y de extranjeros residentes en el país (6) que resultaron expropiadas mayormente en octubre de 1960 y llegaron a su clímax en 1968, cuando con la llamada “Ofensiva Revolucionaria” se liquidó toda propiedad individual.
Habría que referirse también a las propiedades norteamericanas que nunca fueron indemnizadas, a la liquidación de la enseñanza privada, a la Reforma Urbana que eliminó la propiedad inmobiliaria, y por supuesto, a la Ley de Reforma Agraria de 1959, que no les resultó suficiente y emitieron otra en 1963 que limitó la propiedad a 5 caballerías.
Un caso de despojo, que pocas veces se menciona, es el del canje de la moneda en agosto de 1961 cuando se extrajeron de la circulación 497,6 millones de pesos, que era el 41,9% de lo que circulaba en aquellos momentos. (7)
El expediente de atracos es demasiado abultado como para calificar de corruptos e inescrupulosos a los simples ciudadanos que tratan de desenvolverse en una selva de bandolerismo oficial.
(1)Periódico Granma 19.05.15.
(2(Periódico Juventud Rebelde 16.05.15.
(3)Periódico Granma 16.05.15.
(4)Periódico Juventud Rebelde 20.12.14.
(5)Periódico Granma 16.12.10.
(6) Los propietarios de Cuba en 1958-Guillermo Jiménez Soler, Pág. 592 y 664.
(7)Estrategia del desarrollo económico de Cuba-José Luis Rodríguez, pág. 236.
