De izquierda a derecha, Raúl Luis Risco Pérez, Leonardo Rivera Monterrey, Bernardo León Martínez y Luis Enrique Monterrey Morejón.
Una representación de abogados y activistas de Derechos Humanos pertenecientes a La Alianza Democrática Pinareña, se dirigieron a la Sede de la Asamblea Nacional del Poder Popular en La Habana, para exigir respuesta a una solicitud presentada por esa organización al órgano legislativo del país.
El 8 de octubre del pasado año 2013, varios miembros de la organización opositora, entregaron en la Asamblea Nacional del Poder Popular un documento firmado por más de ciento cincuenta miembros de la misma, donde se le argumenta al Presidente de dicho órgano la necesidad de instituir en el país los Tribunales de Garantías Constitucionales, debido a las continuas transgresión de la Ley que hoy sucede en Cuba y el pueblo se encuentra prácticamente en total estado de indefensión.
El representante de la Consejería Jurídica y de Instrucción Cívica y también Delegado de la Alianza Democrática Pinareña, Raúl Luis Risco Pérez, al respecto manifestó, “Elaboramos y presentamos de acuerdo a lo establecido en el artículo 63 de la actual Constitución vigente, una solicitud para que se instituyan los Tribunales de Garantías Constitucionales, ya que a nuestro juicio, en el pasado, dichos Tribunales, con un menor grado de comprometimiento y mucho mayor de imparcialidad, salvaguardaban la integridad de los derechos ciudadanos recogidos en la Ley, sin embargo, infelizmente esa función se le ha concedido a la Fiscalía General de la República y consideramos que no se puede ser juez y parte en el mismo asunto ” .
Bernardo León Martínez, Secretario Ejecutivo de la organización Opositora y quien formó parte de la comitiva que se personaron en el Órgano Legislativo el pasado día 13 refirió “llegamos a la Asamblea Nacional sobre las 2 pm, luego que Risco nos presentó e informó a la recepcionista del motivo de nuestra presencia, ésta nos invitó a sentarnos en el lobby y fue hasta una oficina, posteriormente nos comunicó que vendrían a atendernos, pasada aproximadamente una hora, bajó una señora quien se presentó con el nombre de Mercedes y nos llevó a los cuatro hasta un local, donde luego de tomar nuestros datos de identidad, comenzó a tratar de justificar el por qué no se había dado respuesta al documento entregado hacía 96 días cuando la Ley plantea que deben responder en 60”.
Luis Enrique Monterrey y Leonardo Rivera, que también formaron parte de la representación que se personaron para exigir respuesta al documento entregado, coincidieron en que, a pesar del operativo montado por la Policía Política en los alrededores del parlamento cubano, nos atendieron y la señora Mercedes tomó notas de todo lo expuesto por Risco en cuanto a violación de la Ley se trata y sobre todo, él dejó bien claro a la representante del gobierno que, el silencio institucionalizado no puede continuar prevaleciendo por encima de lo que establece la Ley, y eso que ustedes han hecho de no responder a una solicitud de acuerdo al artículo 63 de la Constitución demuestra que ni siquiera el Órgano Legislativo del país respeta las leyes que él mismo promulga, concluyó finalmente diciéndole Risco.
Según Risco Pérez, la representante del gobierno se comprometió en breve plazo, responder a lo que el documento exige.
Pinar del Río, 13 de enero 2014.
