Catherine Ashton, alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad.
Por Elena Larrinaga
Según declaraciones del embajador del bloque de la Unión Europea en La Habana, el nuevo enfoque de la UE, que podría llevar al fin de la Posición Común hacia Cuba, se corresponde con los cambios y reformas que acontecen en la Isla.
Para comprender la Posición Común y la dificultad real que habría de proceder a su modificación, basta con sentir lo que significa Europa en la historia del mundo, y el contraste de sus valores fundacionales con los que desgraciadamente imperan en Cuba.
La idea de Europa es inseparable del concepto de la dignidad de la persona, portadora no solo de valores espirituales, sino también titular de derechos y libertades inherentes a la condición humana, que es anterior a la de ciudadano, y base de esta última. Solamente seres humanos con conciencia de serlo y libres, en toda la amplitud del término, deciden constituirse en un grupo social y dar vida a Estados que en una fase posterior de su evolución histórica integran la Unión Europea.
Si algo caracteriza a la Unión Europea no es solo la idea de consenso en la actuación de los Estados miembros para la ejecución de un proyecto común, sino lo que es más importante: la unión de 300 millones de seres humanos libres que decididamente apuestan por ese proyecto; el proyecto es de los ciudadanos, siendo los gobiernos meros gestores de las decisiones colectivas.
Las constituciones europeas de postguerra consagraron la idea del Estado social de derecho como un modelo de organización social basado de una parte en el reconocimiento, la protección y la tutela de los derechos y libertades individuales de los ciudadanos, junto con los denominados “derechos sociales”, entre los que se incluyen aquellos de clara raíz económica, como el derecho a la educación, al trabajo, al medio ambiente o a la libertad de empresa, amén de la propiedad privada o la asociación sindical. El Estado no solamente debe abstenerse de interferir en esa esfera de actuación de los ciudadanos, sino que debe establecer las condiciones necesarias para que la libertad y la igualdad del ciudadano y de los grupos sociales en los que se integra sean reales y efectivas.
Siendo eso así, sería paradójico que en el ámbito de la UE la política exterior de ese conjunto de ciudadanos que la integran no estuviera basada en los mismos principios; es decir, el de que esos ciudadanos y los gobiernos que ellos mismos han elegido no quisieran para otros lo que ellos mismos disfrutan. Esta es, y no otra, la razón de la Posición Común que la UE fijó en 1996 para Cuba.
Cualquier otra idea, cualquier atenuación de la Posición Común, podría ser interpretada como la típica debilidad de las sociedades democráticas que, en aras de los intereses económicos de sus clases dominantes, son capaces de renunciar a los valores y principios antes mencionados.
Entendemos que uno de los compromisos de cualquier gobierno democrático es la búsqueda de la prosperidad y el bienestar de sus ciudadanos. El gobierno debe defender los intereses de éstos, lo cual es perfectamente entendible. La reflexión entonces: ¿no sería justo, necesario, conveniente y consecuente que aquellas empresas extranjeras que optaran por estar en Cuba, exigieran las mismas condiciones laborales allí que las que gozan sus trabajadores en sus países?
Los derechos humanos en Cuba, lo más importante
No cabe duda de que la mejor manera de garantizar los avances sociales en Cuba, es articular o promover instituciones democráticas, de carácter intrusivo, que le permitan a los cubanos formar y expresar libremente su voluntad, tomar las riendas de su destino.
El mantenimiento de la Posición Común constituye un mensaje claro: somos socios en la restauración de las libertades democráticas entendidas como un todo, la libertad no se puede compartimentar, la interrelación entre libertades civiles, derechos sociales e instituciones democráticas constituye todo ello un bloque que integra la base del Estado social de derecho. En ese proyecto está y debe estar siempre la UE, tratando de llevar más allá de sus fronteras —en especial a aquellas latitudes donde en un pasado reciente los países que la integran tuvieron una presencia sociocultural y económica, como es el caso de Cuba— el ideal de libertad hecho realidad.
Así, el tema de los derechos humanos, uno de los más difíciles para alcanzar el consenso entre los estados europeos, debe ser el más importante. Porque es ese tema el que constituye la base de la sociedad democrática, porque es ese tema el que determina que una persona adquiera la condición de ciudadano como sujeto político.
No podemos olvidar que solo en 2012, en Cuba se produjeron más de 6.035 detenciones arbitrarias y acciones violatorias de los derechos humanos.
Si no se matiza, se corre un riesgo al declarar que “el interés de todos es que el futuro de Cuba sea pacífico y se mantenga la estabilidad”. Esto no se debe decir sin reclamar libertad: la historia y la realidad nos demuestran que no hay nada más pacífico y estable que un cementerio, un campo de concentración o, en suma, una dictadura política que amordace las voces disidentes y encarcele a los que plantean un proyecto diferente de organización social. Precisamente, la mayor garantía de la paz y de la estabilidad es la asociación voluntaria de ciudadanos libres en un proyecto común del que todos se sientan partícipes por encima de sus diferencias ideológicas.
No se trata de aconsejar a nadie, se trata de ayudar a que otros disfruten de lo que en Europa ha costado siglos de lucha y dolor.
