El primer gesto hacia Venezuela de Juan Manuel Santos, alias Juan Pa, alias Santiago, apenas asumió la presidencia de Colombia, fue declararse como el nuevo mejor amigo de Chávez, para desconcierto general incluso de los chavistas, que embarraron las paredes con pintas que todavía se ven muy cerca del Palacio Presidencial de Miraflores.
Sería interminable relatar los vaivenes de amor y odio que han signado las relaciones de ambos países en estos largos seis años, hasta arribar a este cierre técnico de la frontera, previa expulsión indiscriminada de humildes colombianos; pero el hilo conductor estuvo claro desde el principio: la relación con el régimen venecubano es un engranaje esencial en las negociaciones de La Habana que JMS convirtió en la piedra angular de su segundo mandato.
Nunca más se habló de los campamentos de las FARC en la frontera, apenas un reportaje de la televisión española se atrevió a mostrar el modus vivendi establecido entre una soldadesca descalza del lado venezolano con los muy bien equipados guerrilleros que deambulan con absoluto dominio del terreno.
Los venezolanos observan con la mayor impotencia como los otrora cobradores de vacuna han pasado a monopolizar la propiedad de las fincas, no sólo en la frontera sino al centro del país, mediante métodos que serían cómicos sino fueran trágicos, como cuando le ofrecen a un hacendado una suma razonable por sus tierras y éste responde que muy bien, pero el problema es que su finca no está en venta.
“Qué vaina -replica el oferente-. Entonces tendremos que comprarle a la viuda.”
Cuando esporádicamente la violencia salpica a la opinión pública, indefectiblemente el gobierno acusa a los paramilitares, pero nunca admite que haya guerrilla en la frontera, que se pone en evidencia por episodios como el reciente en que se denunció del lado colombiano que las columnas guerrilleras que tomaron la población de El Conejo, en la Guajira, para hacer “pedagogía de paz” fuertemente armados, provenían de Venezuela escoltados por efectivos venezolanos, algunos vistiendo prendas militares venezolanas.
Los líderes negociadores de las FARC se desplazaron en lujosas camionetas blindadas, decenas de ellas matriculadas en Venezuela, específicamente en el Estado Carabobo, bien lejos de la frontera, pero con un gran vinculo sentimental con el canciller Rodrigo Granda, inolvidable, porque cuando fue capturado en diciembre de 2004 por el comando antiextorsión y secuestro, resultó ser vecino de Francisco Ameliach, entonces presidente de la Asamblea Nacional y hoy gobernador de ese Estado.
Su esposa, Yamile Restrepo y su hija Diana siguieron en el país, de hecho, la revista Semana publicó que regentan la empresa Inversiones Granda-Restrepo & Cía, S.C.S., dedicada a la explotación y comercio de oro, un negocio sanguinario en Venezuela.
El caso es que las FARC son aquí un importantísimo actor político y económico, pero actúan como una banca de segundo piso, completamente fuera de la vista del público y no van a ceder en nada, sea lo que sea que se firme en La Habana.
Son como la policía y el ejército cubano de ocupación, el poder sin aspavientos.
EL SUEÑO DE GABO
Apenas consiguió su reelección JMS nos encajó otra sorpresa todavía mayor: “Hoy, colombianos, al recibir su voto de confianza para un segundo período de gobierno, me comprometo con ustedes a trabajar por ese país que soñó Gabo y soñamos todos nosotros.” Pero, ¿qué país podría ser ese? ¿Quiénes serán ese “nosotros”?
Veamos, Gabo era comunista, más que amigo, fiel emisario y propagandista de Castro. El país soñado por Gabo no puede ser sino aquél por el que siempre luchó (aunque vivía espléndidamente en México). Pronosticó que para 1985 Cuba sería una potencia, con todos sus problemas resueltos. “Nosotros” no puede referirse sino a los revolucionarios, quienes comparten el sueño de Gabo de una sociedad comunista.
En sus memorias se autodefinió como no creyente, que en buen cristiano quiere decir “ateo”. Para más señas, relata una misa profana que habría oficiado en agosto de 1959 en la Capilla de la Clínica Palermo de Bogotá el “cura guerrillero” Camilo Torres para bautizar a su primogénito Rodrigo con testigos de excepción, Plinio Apuleyo Mendoza, Susana Linares y la madre, Mercedes Barcha.
Lo de profana viene porque ninguno era creyente, por lo que no acompañaban el ritual de la misa y cuenta García Márquez a título de chiste que como por milagro aparecieron unos campesinos (quizás llevados por el mismo Camilo) que rezaban, se persignaban, arrodillaban y levantaban cuando era propicio, lo que ninguno de ellos hacía.
Camilo Torres Restrepo es una prueba ambulante, si hiciera falta alguna, de que el conflicto colombiano no es horizontal, entre ricos y pobres, como quiere vender la propaganda castrocomunista, sino un conflicto vertical, entre la oligarquía conservadora y liberal a la que se debe añadir la oligarquía comunista.
Los jefes rebeldes, histórica y actualmente, provienen de sectores privilegiados que, por razones que sería arduo explicar, insurgen contra la sociedad que los ha mimado. Sus vástagos estudian en Suiza, conocen los aeropuertos mejor que la selva y ganan premios de viajeros frecuentes, tal como los herederos del Castrismo.
El biógrafo de Camilo, Walter Joe Broderick, cura y revolucionario errante, cuenta: “Sé que Camilo Torres estaba oficiando el matrimonio de una pareja de la alta sociedad bogotana que estaba emparentada con la familia Santos Calderón y Camilo era el oficiante”. De resto no sabe, pero otros testimonios revelan los vínculos del hermano de JMS, Enrique Santos Calderón, con la guerrilla del M-19.
A principios de año JMS dio instrucciones públicas para que el ejército iniciara el proceso de búsqueda y exhumación de los restos de Camilo Torres como un gesto simbólico para allanar las negociaciones con el ELN.
Un acto público teatral porque se sabe que los restos siempre estuvieron guardados en el Panteón de la V Brigada de Bucaramanga, capital del Departamento de Santander, muy cerca del Municipio de San Vicente de Chucurí, donde fue abatido en el lugar conocido como Patio Cemento, el 15 de febrero de 1966, según el libro publicado por el general Alvaro Valencia Tovar, quien realizó las operaciones y que también resulta ser íntimo amigo de la familia.
El cuerpo fue exhumado a fines de enero muy oportunamente para la conmemoración del cincuenta aniversario de su muerte. Un hecho curiosísimo es que la certificación del ADN tuvo que esperar que se enviaran las pruebas desde Cuba, donde reposan los restos de su madre, Isabel Restrepo Gaviria, que falleció en La Habana, el 14 de enero de 1973, a los 73 años de edad, alabando a sus tres amores: Fidel, el Che y Camilo.
Los vínculos directos de Castro con todas las guerrillas de Centroamérica y el Caribe, incluyendo a Puerto Rico, saltan a la vista de modo que es imposible ignorarlos; así que resulta increíble que ahora los presenten como los grandes pacificadores, que traen armonía y concordia a todo el Universo.
El país que soñó Gabo es la pesadilla de Venezuela.
EL DIABLO LEGISLADOR
JMS argumenta que tiene un mandato de los colombianos (en mayoría muy precaria, por cierto) para negociar la paz a cualquier precio; lo que no aclara de dónde proviene la legitimidad de los negociadores de las FARC. ¿Quién los eligió a ellos?
Sabemos que es una organización tiránica creada por alias Tirofijo, que dirigió hasta su muerte, como es usual en todas esas organizaciones llamadas de liberación nacional en Asia, África y América Latina, que sería extenuante reseñarlas todas, baste decir que se convirtieron en empresas vitalicias, hereditarias y harto lucrativas.
El problema no es de profesores acostumbrados a recitar que la Constitución y las Leyes definen las atribuciones del Poder Público y a ellas debe limitarse su ejercicio, a quienes resulta engorroso explicar cómo es que una organización que ni siquiera es legal en Colombia puede modificar su ordenamiento jurídico, crear normas de carácter general, vinculantes para todos, vale decir, que se elevaron a la condición de legisladores.
Y esto concierne no solo a las FARC, que no tiene personalidad jurídica, que no es un ente de Derecho Internacional Público, que ni siquiera es “una” organización, sino un archipiélago de frentes actuando por su cuenta, que no poseen el monopolio de la paz y no podrían dar lo que no tienen; sino al Ejecutivo, que actúa con abuso y desviación de poder, más allá de sus límites legales.
Por ejemplo, la creación de una enrevesadísima Jurisdicción Especial de Paz que, más allá del eufemismo, es como la militar o de menores, para personas que se encuentran en una condición singular que las hace diferentes a los demás ciudadanos y que merecen un trato diferenciado. En Venezuela se habla cotidianamente de “justicia transicional” como sinónimo de “impunidad”.
Un negociador está obligado a preguntarse: ¿Podemos hacer esto? ¿No será necesaria una ley del Congreso para crear una jurisdicción? ¿Y especial para quienes, para guerrilleros, terroristas, secuestradores, narcotraficantes, en general, desconocedores del resto del ordenamiento jurídico? ¿No se inhabilita con esto a los demás jueces? ¿Cómo queda el principio del juez natural?
El argumento de JMS es proverbial: no se puede someter a la jurisdicción ordinaria a quienes se han rebelado contra ese ordenamiento, al que consideran injusto, clasista y todo el resto del discurso rebelde. La cuestión es que no se ve cómo admitir esto sin ponerse en el lugar del revolucionario, sin convertirse también en un insurgente, cosa que no le va nada bien a un Presidente que juró cumplir y hacer cumplir la Constitución.
El marco para estos excesos lo dan unas condiciones extraordinarias de paz que son el equivalente perfecto a las circunstancias extraordinarias de guerra que permiten tomar medidas que serían inconcebibles en condiciones normales: “Paz” en sentido soviético.
En el fondo, todos los gobiernos colombianos establecieron una especie de costumbre de negociar con las guerrillas sin pensar mucho en las consecuencias doctrinales, si se permite la expresión, a largo plazo. Claro, una cosa es negociar con unos secuestradores el rescate de rehenes sin que esto implique ningún reconocimiento del interlocutor, que además ni siquiera pretende ningún derecho y otra negociar, por ejemplo, una reforma del Código Penal, que es vinculante y cambia el ordenamiento jurídico.
Todos hicieron malabarismos para impedir que los grupos irregulares alzados en armas lograran el status de beligerantes, a despecho de celebrar negociaciones con ellos, no pocas veces encubiertas; pero el gobierno de JMS se fue al otro extremo y les ha otorgado la condición de constituyentes, atribuyéndose unas competencias exorbitantes, sin precedentes en la historia jurídica latinoamericana y quién sabe si mundial, cuyas consecuencias son imposibles de predecir.
Lo más inquietante es que como resulta imposible acercarse a un extremo sin alejarse simultáneamente y en la misma proporción del otro, las concesiones a las FARC implican injuriar y golpear en idéntica medida a sus víctimas y enemigos.
JMS sigue la cartilla diseñada en La Habana que ya hemos sufrido en Venezuela: la judicialización de la persecución política de la oposición democrática y liberal. Esto significa que para garantizar la impunidad de subversivos y hampa común es inevitable llevar a la cárcel a ciudadanos esencialmente honestos.
El Fiscal General de la República se convierte en verdugo, brazo ejecutor de los fines políticos del Ejecutivo, cada vez más dictatorial. La doctrina, si mereciera ese nombre, es la “justicia diferencial” castrista, que permite que personas que realizan idénticas actividades sean juzgadas de modos opuestos según sean adeptos o no al régimen. Las garantías de generalidad e igualdad ante la Ley son arbitrariamente desaplicadas. Ni hablar del uso repugnante de “testigos estrellas” tan conocidos en Venezuela.
Es alarmante que se manipule a delincuentes que por los cargos que se les imputan tendrían comercio con miles de personas, para luego ir cerniendo sus actividades a ver si alguna tiene que ver con personas del Centro Democrático o del entorno del Presidente Álvaro Uribe para procesar exclusivamente a éstos, dejando de lado a todos los demás, que no tendrían interés político.
La oposición cae en un juego semántico de llamar zonas de concentración a lo que el gobierno denomina zonas de ubicación o de localización, que los cubanos impusieron en Venezuela como “zonas de paz”, con resultados que están a la vista: son aliviaderos de la delincuencia dejando la población civil a su merced.
Es igualmente aberrante que el paramilitarismo se considere en abstracto, independiente de la guerrilla, siendo que la autodefensa fue su consecuencia y no al revés, condenando aquél y perdonado a ésta como idealista.
Aquí los hacendados se negaron a crear autodefensas argumentando que esa es una función de las FFAA, que para eso están, poniendo a Colombia como ejemplo, que las crearon para una cosa y luego se volvieron contra ellos. En verdad, es lo que ha ocurrido históricamente desde que el Senado de Roma confió su seguridad en fuerzas mercenarias.
El caso es que en Venezuela se quedaron sin el chivo y sin el mecate.
Otra vez este país es el espejo en que se refleja el futuro de Colombia.
