Los abogados y activistas por la democracia en Cuba, Veizant Boloy González y Raúl Risco Pérez dieron una rueda de prensa en Madrid para instar a la comunidad internacional a que exijan al Gobierno de Raúl Castro la ratificación e implementación de los pactos de derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales suscritos en el pasado 2008 por el Canciller de Exteriores, Felipe Pérez Roque. Esta firme convicción de toda la sociedad civil opositora supondría un viraje en el sistema legal de la Constitución de Cuba, o lo que es lo mismo, la modificación del marco jurídico interno.
Asimismo, los abogados cubanos arribaron a Madrid, camino de Bruselas, con la misión de exigir al Parlamento Europeo que los protocolos sean ratificados, teniendo en cuenta que la Posición Común es una premisa de mejora, respeto y garantías en la Isla para que sea levantada. Lo que se quiere es que los derechos humanos de los cubanos pasen a ser elementos vinculantes a cualquier relación económica, porque nadie pretende obstaculizar el buen funcionamiento del flujo empresarial entre países. “El país que negocia con Cuba, quien no respeta los derechos humanos, está minusvalorando la existencia de la sociedad civil y preponderando el ejercicio del poder desde el Gobierno que no los cumple”, así lo declaró Ernesto Gutiérrez-Tamargo, Doctor en Derecho y Presidente de la Asociación Cubano Española de Derechos (ACED). Ya en su día, Pérez Roque quiso dejar muy claro que en cuanto a la aplicación de algunos postulados de estos instrumentos internacionales, Cuba mantendrá las reservas interpretativas que considere pertinente.
En este sentido, los pactos, mediante ratificación previa, formarían parte de una ley interna cubana que ponga en marcha los mecanismos de respeto de los derechos. Con lo cual, la bilateralidad de las relaciones UE/Cuba, subterfugio jurídico que bordea a la Posición, deberá incidir y requerir que el compromiso manifiesto de la firma de los pactos forme parte de su legislación interna. “No hay voluntad real de parte de las autoridades cubanos y por eso hay que reclamar los derechos conculcados para que no se dejen de lado”, así de tajante se mostró Ernesto Gutiérrez Tamargo, Doctor en Derecho y Presidente de la Asociación Cubano Española de Derechos (ACED). Tampoco hay que olvidar la existencia de grupos políticos en el Parlamento Europeo que no desean exigir la citada ratificación y se mantienen en la presunción de que los Castro serán tolerantes con requisitos no recogidos en la implementación de los pactos.
Para Veinzant Boloy, la ratificación traería consigo, dentro del Derecho Internacional, una reforma constitucional que permita al ciudadano que se empodere y exija cambios al gobierno. Normas, en definitiva, que garanticen el ejercicio pleno y real de los derechos humanos. “Sabemos de antemano que la cesión política es tarea difícil e imposible para los Castro”.
Según, Raúl Risco Pérez, no basta con la intención, se necesita la ratificación. La Habana se caracteriza por la habilidad de firmar pactos y convenios internacionales y nunca ratificarlos. La permisibilidad que la UE otorga a los Castro para negociar un nuevo convenio político, pudiera ponerlos contra las cuerdas. Desde su entrada en el poder, tiene gran habilidad para manejar cualquier tipo de situación. En estos momentos, pudiera parecer que hay menos detenciones arbitrarias registradas, permitiendo que la oposición pacífica convoque reuniones en marco cerrado, nunca público. “Sin presión internacional, para que la UE ponga sobre la mesa de negociación estos puntos, no se puede hacer nada, porque la Constitución cubana es una auténtica estafa”.
Ernesto Gutiérrez Tamargo mantuvo que la política del gobierno actual español de cara a Cuba es dúctil y maleable. Se supone que gracias a la herencia política ideológica natural de Aznar, debiera haber una coherencia entorno a la estructura de la Posición Común. La jefatura del estado español es flexible y tolerable en esta materia, pudiendo ser piedra de tropiezo en la eliminación de la Posición. “Se tapa ojos, oídos y boca porque es el segundo socio mercantil de la Habana y se siente atado en política exterior”. “España, por tanto, debería ser motor de requisitos dentro del Comité de las Regiones del partido popular europeo, evaluarte de la defensa de los derechos humanos en Cuba”.
