En los primeros días de noviembre de 2014 dio inicio en Cuba una campaña de recogida de firmas en apoyo a una demanda de derogación de la Ley de Peligrosidad. Esta Ley, amparada en el Código Penal vigente, permite a las autoridades enviar a prisión a personas sin que hayan cometido delitos.
La iniciativa, propuesta por el disidente Hugo Damián Prieto Blanco y redactada por Manuel Cuesta Morúa y José Alberto Álvarez Bravo, consigna en su fundamentación que el Estado Peligroso, preceptuado en los Artículos 72.- 73.1.- 73.2 y 74 del Código Penal, viola un principio elemental del Derecho, recogido en el Articulo 1.- de la Ley de Procedimiento Penal vigente que dice: se presume inocente a todo acusado mientras no se dicte fallo condenatorio contra él.
“Esta medida punitiva, conocida popularmente como “el peligro”, es una de las más impopulares para la ciudadanía cubana, ya que su aplicación depende de la valoración de las autoridades y no de algún hecho delictivo cometido”, refiere José Alberto Álvarez; “nos proponemos concitar a nuestro pueblo, por más de medio siglo arrodillado ante el gobierno castrista, a que manifieste al menos un mínimo desacuerdo con quienes le han impuesto un esquema represivo para mantenerlo subyugado”, agrega.
Con una extensión de ciento ochenta y cuatro palabras en la fundamentación, Ciudadanos contra la Ley de Peligrosidad Predelictiva está siendo distribuida por toda la isla, a través de activistas de la sociedad civil, para recabar la participación de la ciudadanía con vistas a ejercer el empoderamiento ciudadano.
“Cuando tengamos una cifra considerable de firmas, solicitaremos la ayuda de la Asociación Jurídica Cubana para redactar la impugnación conforme a los términos jurídicos correspondientes”, concluye Álvarez Bravo.
