Impunidad para colaboradores de la PNR en Camagüey

El joven Lázaro Serpa Argilagos,  de 23 años, residente en calle Santa Rita 142 entre Industria y Lugareño, fue detenido, hace apenas unos días, sin que hubiera una denuncia formal contra él; cuando preguntó de qué se le acusaba, fue maltratado por la policía y le rociaron espray en el rostro y se le condujo a una Unidad de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR).

Para su asombro, pudo comprobar que los policías seguían instrucciones del ciudadano -presunto cooperante de la PNR-  Yoannel Bárbaro Quintero, vecino del joven, quien no hizo denuncia pero sí se valió de su estatus para mover los hilos que llevaron a Lázaro a ser acusado, de desacato y resistencia al arresto.

Estas desavenencias entre vecinos son comunes en un país donde la cortesía, la caballerosidad y las buenas costumbres han cedido el paso a las groserías, las riñas y las agresiones verbales y físicas. Pero este caso parece salido de una película de terror de pésima calidad. Por un lado tenemos a una familia sana compuesta por dos hermanos mayores (Lázaro y Cristina Serpa) y un menor de solo 6 años de edad que junto a su madre, Niurka Argilagos Alonso de 45 año, viven acosados por Yoannel y su familia, incluyendo a un miembro de ella que es convicto y ahora está preso por robo con violencia. Y cabría preguntar ¿por qué policías  -hasta el anterior jefe de sector- mantienen tan estrecha amistad con estos elementos de marcado índice antisocial?

Pero lo peor de todo es que esta familia ha agotado todas las vías pertinentes desde la policía hasta la Fiscalía, atención al ciudadano y otras para que se haga justicia y se les libre de los agresores, sin logar siquiera una carta de advertencia, para sujetos que han amenazado, injuriado y hasta golpeado a la joven Cristina en plena calle, a la vista de numerosos testigos, causándole heridas de 10 puntos en el rostro y un punto en la nariz estando embarazada de 31 semanas.

Ante tal atropello acudieron a un juicio amañado, que quedó inconcluso por supuestas faltas de pruebas, y  fuera de término por desconocimiento de los demandantes y carencia de orientación de las entidades pertinentes.

A raíz del último acoso, al constatar el vínculo de la policía con sus vecinos y seguros de que nunca lograrían imparcialidad y veracidad en la investigación, Cristina acompañada de su familia optó por acudir a defensores de derechos humanos, a pesar de militar junto a su hermano en las filas de la Unión de Jóvenes Comunistas, comprendió que solo personas de bien, amantes de la libertad y la justicia podrían ayudarla.

Para apoyarla, varios disidentes se personaron en la 1ra. Unidad de la PNR, sita en la calle Avellaneda entre San José y San Martín, evitando que dejaran preso al joven, que no obstante hubo de pasar desde las 5pm hasta las 10pm, en una celda; pero lo tuvieron que liberar por las irregularidades en el proceso que denunciaron los activistas.

Este caso indica que ser militante de las filas de los comunistas, no es amuleto de protección  contra la corrupción, la doble moral y los atropellos, porque el pueblo sólo es para el régimen mercancía reemplazable.

Camagüey, 28 de febrero de 2015