En Cuba es ilegal hasta la sonrisa

Camagüey, ciudad de tinajones, edificios de antaño que se erigen sobre adoquinadas calles de ensueño. Pareciera la descripción de una idílica villa ancestral, sino fuese por los basureros en las esquinas; las colas y piñazos por cualquier oferta o servicio; la mendicidad en aumento de lugareños de la tercera edad y discapacitados; y la bárbara cuadrilla de inspectores que fustiga la urbe, como buitres siempre prestos a picotear un moribundo botín.

De los anteriores males se habla bastante, pero me concentraré en el último, que si bien es extensivo a todo el país, en el caso de esta provincia asume proporciones tan extremas que agobian a los pobladores con sentimientos tan encontrados como: la indiferencia, la ira, la impotencia, la risa, la incredulidad, y otra vez la indiferencia… enmarcándolos en un círculo vicioso del que es casi imposible escapar.

Los camagüeyanos de a pie se alegraron con la supuesta nueva apertura del trabajo por cuenta propia, una variante al sistema esclavista estatal que solo ofrece pobreza al trabajador honrado y dolores de cabeza al que “lucha” en algún puesto, a la sombra de la corrupción institucional. Ya no habría que rezar para que no falleciese o abandonase el país, o simplemente se casase y se mudase de vivienda, el propietario del merendero o paladar particular en el que laborabas, pues la legislación que ante tales casos impedía seguir ejerciendo la labor (fuese venta de comida o alimentos ligeros) con la nueva disposición quedaba nula.

Se alegraron también las amas de casa, los jóvenes desempleados, los padres de familia, y cuanto sujeto emprendedor alberga la ciudad (muchos por cierto) pues la cantaleta oficialista pregonaba tentadoras facilidades: garantía de seguridad social, impuestos bajos, período de prueba para cerciorarse de la viabilidad del negocio escogido, equipamiento de tiendas donde a precios módicos se ofertarían las materias primas y bla, bla, bla… con estos cantares de sirenas atrajeron al rebaño de soñadores, que pronto se golpeó con el duro muro de la figura estatal.

No existía infraestructura para atender a las decenas de miles de interesados (ni locales suficientes, personal facultado, ni medios digitales entre otros) por lo que las colas de hasta tres días de antelación y más doblaban las esquinas, el papeleo era comparable con una película de terror; el corre para aquí y para allá o peloteo, como dicen los cubanos, fue el protagonista principal del dantesco escenario.

Los impuestos o patentes comenzaron a rapiñar más de la mitad de las ganancias, y de la otra mitad habría que pagar la seguridad social. Trabaja como un condenado, inventa para adquirir la materia prima, y encima descuento para tu futuro de forma obligatoria. Y si no te resulta y al cabo de 5 años devuelves la patente ¿tienes derecho a la seguridad social? Por supuesto que no. Pero alguien podría pensar en sueños que le devuelven -al menos- todo lo que pagó y no va a disfrutar.

Nada, las mismas colas para adquirir la patente la hicieron de nuevo la mayoría para devolverla, al ver lo poco lucrativo que resultaba trabajar de forma independiente en un país que considera la propiedad privada como una aberración. Los pocos que siguieron adelante en esta lucha contra la marea de contratiempos cortesía de “Castro’s Company”, se enfrentan a los temidos inspectores, capaces de poner la carne de gallina al más avezado de los cuentapropistas.

Voceros de refinados métodos de implementación del terror, tienen bandera abierta para aplicar decretos que la población desconoce, que no se publican o refieren fuera de su propio círculo, por lo que pueden multarte en base al desconocimiento de forma justa o arbitraria, total nunca sabrás la diferencia. Las reclamaciones hechas a sus propias entidades -las únicas a las que puede acudir- en el 99 % de los casos ratifican la multa.

Los inspectores -al parecer- tienen que cumplir un plan mensual de imposición de multas, por lo que se percibe la arremetida contra infelices, pues es sabido lo que incentivan las tristes migajas una vez al mes; a fin de cuentas ellos son víctimas también de la trituradora humana que es la economía del régimen, porque tienen necesidad de comer y de cosas materiales para vivir y si no multan no podrán hacerlo.

“Imagínate tú” me comentaba una conocida llamada Martha “yo tuve que dejar de trabajar como inspectora porque nunca cobraba completo por no poner suficientes multas y ya me miraban con malos ojos mis colegas”. Nada, si eres dueño de negocio propio, antes de salir a buscar el pan de cada día por tu cuenta, pídele a Dios no toparte con un inspector, que te diga que tienes que cumplir con el Reglamento establecido en la Resolución No.41/13 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Algunas personas afectadas por la intransigencia de los inspectores han querido dar su testimonio:

Alejandro Consuegra Borrero, Simón Reyes # 468 entre Avenida de los Mártires y 1ra Paralela. Reparto La Vigía, fue multado con 60.00 pesos y el decomiso de una lata de puré de tomate que llevaba para su consumo -aunque reclamó- no le devolvieron la lata, tampoco le quitaron la multa.

Yosbel Torres Ibarbia, Ignacio Sánchez # 183 entre Santa Rosa y San Ramón y su esposa Maidelys López con tres niñas bajas de peso y carentes de las mínimas condiciones económicas para su vida en varias ocasiones han sido multados con 700.00 pesos (moneda nacional) por vender galletas caseras, cerca de la Terminal de Ferrocarril. Esto generó un acto de protesta masivo, por parte de defensores de derechos humanos de la provincia, se sumó incluso un grupo parte del pueblo camagüeyano, que comentaba el abuso contra estos padres de familia.
Hubo enfrentamientos con la policía; por lo que se obtuvo que los inspectores le retiraran la multa.

Johnny Castellanos vecino de Santa Rosa entre Ignacio Sánchez y Emiliano Agüero Varona al que castigaron por vender frituras de harina en un carrito frente a su casa, con una multa de 100.00 pesos (moneda nacional), este joven padre de familia sin ser opositor se acercó a esta periodista para hacer la denuncia de lo que consideraba un abuso.

Mario Calderín García se encontraba en el municipio de Guáimaro, y fue abordado por una señora que le preguntó qué vendía. Él le contestó que extracto de vainilla, pomitos caseros de este sabor que se utiliza en la elaboración de dulces. Tenía 4 pomitos en una jaba, y otros frasquitos vacíos. Fue entonces que se declaró inspectora y le pidió documentos para multarlo. Mario se negó refiriendo que 4 pomitos era una miseria y que no ameritaba una multa; le dio la espalda y se fue. La inspectora buscó la policía, lo arrestaron y lo condujeron a una unidad policial. La mujer quería acusarlo hasta de amenaza, pues le molestó la actitud de Mario. La oficial que estaba en la Carpeta, envió a dos policías al lugar de los hechos a investigar la acusación de la funcionaria, la que quedó desmentida por las personas que estaban allí de testigo, cuando relataron que no hubo amenaza alguna. Aun así la multa le fue aplicada. El nombre de esta inspectora extremista es Maricel Quiñónez Mederos.

La lista de abusos y arbitrariedades no termina aquí, es tan larga que sería engorrosa de leer, -de todas formas- no todos se atreven a contar de manera pública lo que les sucede. Los camagüeyanos tienen un dicho bastante ilustrativo que resume esta difícil situación para los que tratan de vender o dar servicios por cuenta propia: “En Cuba es ilegal hasta la sonrisa”.

Camagüey, 21 de febrero de 2015.