El gobierno cubano negó esta semana a los exprisioneros de conciencia del Grupo de los 75 Ángel Moya y José Daniel Ferrer la posibilidad de tramitar un pasaporte, alegando “razones de interés público”, específicamente que todavía no han extinguido la sanción penal a la que fueron condenados durante la Primavera Negra de 2003.
Para muchos ciudadanos y demócratas de todo el mundo está claro que la condena dictada por los tribunales revolucionarios contra Ángel Moya, José Daniel Ferrer y otros disidentes cubanos nunca debió haber existido. Durante los años que permanecieron en la cárcel muchas organizaciones y gobiernos extranjeros abogaron por su libertad, partiendo de la convicción de que nadie debe ser condenado por el ejercicio de sus derechos a la libre opinión, expresión, reunión y asociación.
Gracias a la presión internacional, al sacrificio de Orlando Zapata y al compromiso incansable de las Damas de Blanco y de opositores como Guillermo Fariñas, se propició un escenario del que resultó el excarcelamiento de los opositores presos desde 2003. Según el testimonio de muchos de los liberados, no se les dio la oportunidad de escoger si permanecer en Cuba o marcharse al extranjero. Según cuentan, en la práctica las opciones eran: seguir en la cárcel o el destierro, ante lo cual, teniendo en cuenta el sufrimiento de sus familias, casi todos decidieron la segunda opción. Otros, corriendo el riesgo de la injusta incertidumbre, decidieron permanecer en la cárcel y más tarde fueron excarcelados.
Resulta paradójico y hasta cínico que el gobierno cubano hoy niegue la salida a estos cubanos excarcelados que permanecen en la isla alegando que todavía no han cumplido su sanción, cuando una de las alternativas, al parecer la más deseada por el propio gobierno, era que se fueran del país, o sea, el destierro. Ello nos hace pensar que la verdadera motivación del gobierno al negar el pasaporte a estos activistas no es el temor a que se “fuguen” o a que se queden en el extranjero, sino a que regresen.
Finalmente, es importante no caer en la dinámica de las comparaciones o del por qué a unos si le dan el pasaporte y a otros no. Eso forma parte de la estrategia para sembrar la sospecha y dividir a los demócratas.
Nuestro deber es recordar y seguir exigiendo el cumplimiento del artículo 13.2 de la Declaración de los Derechos Humanos, que expresa: “Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país”.
