Las autoridades siguen considerando que permitir la circulación de cubanos es una dádiva concedida a discreción y no un derecho ciudadano inalienable.
El comentario lo hizo el vocero de la Casa Blanca, Josh Earnest, en su conferencia de prensa del pasado 21 de mayo. Según El Nuevo Herald publicado el día siguiente, Earnest afirmó refiriéndose a Obama: “Sé que a él le daría mucho placer la oportunidad de visitar la isla de Cuba y en particular, La Habana”.
Me parece muy bien. Sin embargo, quisiera que alguien le informase al presidente Obama que tengo un amigo cubano desterrado —y como él hay miles— a quien también le gustaría poder visitar el país donde nació, con acceso irrestricto y seguro, amparado por el artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Pero el Gobierno de la Isla no se lo permite. Ni siquiera se molesta en explicarle el motivo de su negativa.
La nueva ley cubana: percepción y realidad
La Habana es muy eficiente fabricando titulares que crean percepciones distorsionadas del alcance exacto de sus “reformas”. Nadie se encarga después de verificar o monitorear lo informado. Un buen ejemplo es el del anuncio, en octubre de 2013, de la promulgación de una “reforma migratoria” que supuestamente restituía el derecho al libre movimiento de los ciudadanos cubanos. Los numerosos viajes al exterior de conocidos disidentes parecían validar esa noticia. Por otro lado, es un hecho que miles de cubanos viajan con frecuencia a la Isla, muchos de manera repetida en un mismo año, lo cual eleva la estadística de cubanos visitantes y eso tiende a ocultar realidades deplorables y mucho más amplias. Las cosas son bien diferentes cuando se examinan de cerca.
Primero: La ley de 2013, más que una reforma migratoria apenas puede considerarse una nueva regulación sobre los viajes al exterior de quienes viven en la Isla. Si antes requerían un permiso que solo alcanzaba 11 meses ahora se conceden 24 antes de retornar o de algún modo recibir una extensión. Por otra parte, las migraciones internas, continúan tan o más controladas que las fronteras nacionales. A los “indocumentados” y familiares que se arriesgan en la Isla a trasladarse a otra provincia en busca de empleo, se les niegan los servicios básicos de salud, educación y el acceso a trabajos, tal y como reclaman para EEUU algunos de los sectores más conservadores del Tea Party.
Segundo: No es cierto que los residentes cubanos en el exterior ya no requieran permiso para entrar al país en que nacieron. Lo que ha cambiado es el nombre del mecanismo de control: lo que antes se denominaba permiso de entrada, ahora se denomina “pasaporte habilitado” para entrar a Cuba. En un pasaporte cubano —ya que no se les permite a los cubanos viajar con el de otra nacionalidad— se estampa un cuño que lo “habilita” a ese fin por dos años. La doble ciudadanía no es permitida y aquel cubano que la posea está obligado a viajar exclusivamente con ese pasaporte cubano “habilitado”.
Miles de cubanos radicados en muchos países no han sido autorizados a recibir el pasaporte habilitado para visitar su país, donde además solo pueden permanecer por muy escasos meses de llegar a poseer ese documento. Están desterrados.
Muchos pagan cada cierto tiempo el trámite, solo para que se les informe que de nuevo les ha sido denegado, sin que se les devuelva la importante suma aportada, ni se les comunique las causas que llevan al Gobierno cubano a violar flagrantemente el artículo 13 de la Declaración de Derechos Humanos, de la cual Cuba es signataria. Si se trata de desterrados, “excluibles” por estar su nombre en alguna lista negra, las autoridades cubanas por lo general ni siquiera acceden a conceder un permiso de entrada al país en casos claramente humanitarios, como a veces ocurre cuando hay familiares cercanos en la Isla próximos a morir.
Tercero: No es inusual que las autoridades migratorias cubanas rechacen a un cubano al llegar a la Isla con todos sus documentos en regla, y lo despachen de regreso en el mismo avión, sin permitirle siquiera saludar a los familiares que lo esperaban en el aeropuerto. No han faltado casos en que los que arriban para una corta visita son detenidos y llevados a prisión durante meses, acusados de supuestos delitos, cuyo juicio puede ser dilatado sine die. La falta de garantías procesales que exhibe el aparato judicial de la Isla hace que muchos lo piensen dos veces antes de emprender el viaje.
Detrás de las violaciones flagrantes del derecho al libre movimiento de los cubanos radicados en el exterior se encuentra la negativa a que los que migraron puedan siquiera expresar libremente sus ideas y criterios desde el extranjero sobre lo que ocurre en el país donde nacieron. No importa si lo hacen con mayor o menor delicadeza. La mordaza es transnacional.
La libre circulación: una tarea pendiente
En resumen: el respeto al artículo 13 de la Declaración de Derechos Humanos es un asunto pendiente de solución en Cuba.
Las autoridades continúan considerando que permitir la circulación de los cubanos —bien sea dentro de la Isla de una provincia a otra, hacia el exterior o desde otro país hacia la Isla— es una dádiva concedida a discreción y no un derecho ciudadano inalienable.
La retención de los pasaportes a disidentes que viven en Cuba como Antonio Rodiles y su esposa Ayler González y a la internacionalmente conocida artista Tania Bruguera cuando viajó a La Habana, son muestras de esa deplorable realidad. Ninguno de ellos tres tiene una causa pendiente en los tribunales cubanos que justifique esa medida.
Esta es una realidad que, irónicamente, cobra significativa importancia adicional ahora que se reabre el debate sobre el derecho a viajar a Cuba de los estadounidenses. Muchos de ellos defienden activamente su derecho constitucional a viajar a cualquier país aunque no sea de su agrado y su visita les suponga riesgos. Algo que considero justo. No me parece adecuado defender los derechos humanos de los cubanos privando a de ellos a los ciudadanos de otro país.
Obama retiró toda traba al ejercicio del derecho de los emigrados cubanos a viajar a su patria desde su primera administración. Pero los desterrados cubanos —excluidos por La Habana de ese beneficio— siguen reclamando el fin de las listas negras elaboradas por las autoridades de la Isla para poder ejercer a plenitud el derecho internacionalmente validado a la libre circulación y permanencia ilimitada en el país donde nacieron. Algo aún más justo y urgente.
Defender ese derecho no supone que se tenga la motivación inmediata por ejercerlo. Muchos prefieren —y pueden— esperar cambios reales antes de emprender el viaje. Pero sea cual sea el interés inmediato en viajar que pueda albergar cada cubano, lo que está en juego en este caso es la protección de un derecho ciudadano inalienable e internacionalmente reconocido.
