Juan Manuel Santos tiene muy poco que renegociar con las FARC porque ambos están básicamente de acuerdo; con quien tiene que negociar es con el electorado que no les compró su Acuerdo, en particular los representantes del NO, las Iglesias y las víctimas que advierten como, fraguado por años en secreto, deja afuera muchos asuntos vitales mientras pasa de contrabando otros que no tienen nada que ver con el conflicto armado.
Puestos en una balanza aparentemente pesan menos que un solo voto de la señora Karin Cecilie Kullmann Five, alias Kaci, quien hizo saltar a JMS de escarmentar la derrota al oropel de la farándula mundial y, más allá de toda discusión, sacó al plebiscito de las primeras páginas para coparlas con los titulares del Nobel de la Paz.
Cierto que el premio tiene sus máculas, como ser Noruega país garante de los Acuerdos lo que lo hace juez y parte, la señora Kaci alta ejecutiva de Statoil, compañía que disfruta concesiones petroleras del gobierno de Santos y de Venezuela, otro país garante; el comité del Nobel electo por el parlamento es vulnerable a las presiones políticas, la señora Kaci fue presidente del partido conservador noruego y en Colombia el partido conservador se declaró partidario del SI, etcétera.
Pero puede alegarse que todos los premios Nobel de la Paz tienen connotación política por lo que lo discutible sería la plausibilidad de la política que promueve como, por ejemplo, que diga en la motivación que en Colombia hay una “guerra civil” siendo la verdad que los civiles son víctimas imparciales de la confrontación de los grupos insurgentes contra la fuerza pública.
Si hasta las mismas FARC reconocen que son algo más de cinco mil guerrilleros contra una población de casi cincuenta millones, ¿cuáles serán esos bandos “civiles” estimados por el comité en su bien estudiada motivación? Si JMS metió todo lo que tenía en el plebiscito y no llegó, ¿cuál fue el aporte electoral de las FARC? ¿A quién representan?
En términos prácticos, el premio Nobel lo que ha hecho es envalentonar todavía más al binomio JMS-FARC que lo exhiben como un respaldo mundial a un Acuerdo concreto, apenas encubierto con el taparrabos de que es un apoyo a “la paz”, para empeñarse en llevarlo a cabo en desacato al carácter vinculante del plebiscito que fue previamente establecido por la Corte Constitucional.
Desafortunadamente esto no es ninguna novedad. El reconocido inspirador del Acuerdo de La Habana también acostumbraba someter sus arbitrariedades al voto popular, mientras ganaba; pero cuando perdió el referéndum aprobatorio de la reforma constitucional en diciembre de 2007, lo declaró como una “victoria de mierda” e hizo lo que se había propuesto y mucho más mediante otro referéndum parcial en 2009 (que era abiertamente inconstitucional), leyes habilitantes y decretos ejecutivos.
Así que esa película ya la vimos en Venezuela y se la podemos contar a Colombia donde la exhiben hoy como si fuera de estreno.
EL MÉTODO CHAZ
¿Qué de dónde va a sacar JMS diez millones de hectáreas para entregárselas a las FARC destinadas a una Reforma Rural Integral para una nueva Colombia? ¿Cómo se las van a quitar a sus dueños actuales?
Muy sencillo: El procedimiento fue bautizado por el patrocinante de los Acuerdos con el acrónimo de los apellidos Chávez y Azpúrua, los protagonistas de la tragicomedia que fue la confiscación del Hato La Marqueseña en el año 2005.
Un mecanismo circular en el que primero el Instituto Nacional de Tierras (INTI) declara las tierras baldías, por tanto, propiedad de la República, luego la Procuraduría General se las transfiere en plena propiedad de forma gratuita mediante un acta que dice, “el inmueble transferido pertenece a la República por haberlo declarado así el INTI”, o sea, el mismo que recibe.
Para ese momento los hacendados ya eran calificados rutinariamente por el INTI como “presuntos propietarios”, porque les impusieron la carga de probar la autenticidad de la cadena titulativa de propiedad de sus tierras desde la Independencia hasta nuestros días.
En el caso de La Marqueseña apelaron a una ley sobre enajenación de tierras baldías y creación de oficinas de agrimensura del 13 de octubre de 1821 que imponía el registro de tierras; el caso es que esas oficinas nunca fueron instaladas siendo el requisito imposible de cumplir, por lo que exigirlo so pena de ruptura de la cadena titulativa equivale a abolir toda propiedad privada agraria como, en efecto, es lo que ha ocurrido.
Las sucesivas tiranías militares que ha sufrido Venezuela se reservaron para sí mismas la propiedad del subsuelo y de todos los recursos minerales en él contenidos, que no es poca cosa, ahora los militares comunistas dieron el paso de reservarse también el suelo.
El despojo de La Marqueseña no estuvo exento de la teatralidad e histrionismo que eran característicos del régimen de Chávez: se fue a hacer un “Aló, Presidente” desde allí el domingo 25 de septiembre de 2005, donde firmó la creación del “Centro Genético Productivo Socialista Florentino” afectando la mitad de la Hacienda; otra porción se la asignó a supuestas organizaciones campesinas, así que de 8500 hectáreas le dejo 1500 a la familia Azpúrua.
Chávez ofreció negociar para llegar a un arreglo y dirimir el tema de la propiedad en tribunales, algo inconcebible, incluso en Venezuela, después de 60 años de posesión pacífica; Carlos Azpúrua, el dueño de la Hacienda, predijo que en sus 1500 hs iba a producir más que ellos en las que le arrebataron, que es lo que ha ocurrido al final.
Le llevó siete años reparar los daños, porque le arrimaron 9000 cabezas de ganado al terreno que le dejaron, que antes estaban en 6000 hs más 2000 hs de reserva forestal; nadie sabe qué producen las cooperativas, ni qué será de la vida del Centro Florentino.
En la trastienda asoma una venganza personal porque Chávez decía que la Marqueseña había sido de su bisabuelo, un tal Pedro Pérez, alias Maisanta, y que su abuelo “murió peleando por esas tierras” sin mostrar ningún registro, aunque “esos documentos deben estar en la familia” (Habla el Comandante, UCV, 1998).
Se podrían relatar las historias terroríficas de los cañicultores del Valle del río Turbio en Barquisimeto, estado Lara, de los productores de arroz, maíz, sorgo del Estado Guárico o cualquier otro, en total, 25000 unidades productivas robadas con el cínico rótulo de “rescate de tierras”, muy cerca de las 10 millones de hectáreas que quieren las FARC gratis, con este resultado: una hambruna ucraniana tras el despojo de los ricos Kulaks.
Los colombianos no saben de la que se salvaron por atreverse a decir NO a una propuesta deshonesta y deben seguir alerta porque la novela tiene nuevas versiones.
Y si nunca segundas partes fueron buenas, hay que imaginar cómo serán cuando la primera es tan mala.
EL NEW YORK TIMES SE FUE A LA PAZ
En su flamante editorial del viernes 14 el diario NYT afirma que de los actos terroristas que perpetren las FARC en el futuro “Uribe sería a quien tendríamos que culpar”, en ningún caso al secretariado ni tanto menos a sus anfitriones comunistas cubanos.
Esta escandalosa transferencia de responsabilidad, equivalente a la inimputabilidad de las FARC por actos propios, es el corolario necesario de una actitud que ha recorrido todo este tortuoso proceso de negociaciones, que consiste en ignorar que el conflicto es producto exclusivo de la voluntad de unos actores concretos que han decidido realizar sus ambiciones políticas mediante la táctica de “la lucha armada”.
Si las FARC decidieran deponer las armas e incorporarse a la política legal, como hizo el Partido Comunista de Venezuela en los años 70, se acaba el conflicto; el problema es que para hacerlo le imponen a la sociedad colombiana unas condiciones que son un vil chantaje, además de ser inviables política, jurídica y económicamente.
Si esto lo sabe cualquier desprevenido lector de periódicos, con tanta más razón los que hacen el periódico, por lo que este desplante del NYT no puede ser producto sino de una combinación de administrada ignorancia, interesada propaganda e imperial soberbia.
A que “Uribe haya surgido como el mayor obstáculo para negociar el fin del conflicto” se une la admonición “no es demasiado tarde para empezar a comportarse como un hombre de Estado y no como un aguafiestas”. Esta oposición entre “hombre de Estado” y “aguafiestas” sí que es un aporte original del NYT que al menos nos da una medida de la seriedad con que se toman las tragedias latinoamericanas, con ron y coca cola.
Muchos votantes colombianos rechazaron el Acuerdo “bajo la influencia de una campaña excesiva y engañosa dirigida por Uribe”, un mundo al revés donde quienes votaron SI no estuvieron bajo nada parecido de parte de JMS; pero “también aseguró, sin prueba alguna, que el Acuerdo afectaría al sector privado”. Si bien lo que está a la vista no necesita prueba, baste observar que la única diferencia entre el Acuerdo y lo que pasa en Venezuela es que allá escribieron lo que aquí improvisaron en el camino.
Dejemos atrás la Reforma Rural Integral y veamos la Jurisdicción Especial para la Paz, porque es falso que la “justicia restaurativa” sea única en el mundo, si hace lustros que opera aquí aunque mejor sería llamarla “justicia retaliativa”, resumida en politización de la justicia y judicialización de la política.
La todopoderosa Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial ignoró a los jueces de carrera designando otros sin estabilidad en los cargos, proscribió hasta la idea misma de objetividad e imparcialidad funcionarial a favor de una burocracia partisana, abolió todos los principios de Derecho junto a las garantías legales y el debido proceso, reabrió juicios con sentencias definitivamente firmes y causas ya prescritas; en fin, la justicia transicional es de transición al comunismo, para fusilar contrarrevolucionarios, aquí “la extrema derecha apátrida”, escuálidos y fascistas, allá “enemigos de la paz” y “sucesores del paramilitarismo”.
Esta posición del NYT tampoco es nueva en absoluto. En su Editorial del 11 de octubre de 2014 exhortando a la administración Obama a sacar al régimen de Castro de la lista de Estados que apoyan al terrorismo dice que “Cuba fue incluida en 1982 por su apoyo a movimientos rebeldes en América Latina, aunque ese tipo de vínculos ya no existen”. Increíble, pero, ¿cuáles serán las pruebas en que basa su afirmación tan categórica?
La única cosa útil de estos editoriales del NYT es que ponen de relieve la gravitación de grandes poderes mundiales en las cuestiones más apremiantes de nuestra vida cotidiana, como la ONU con sus diversas oficinas, comisiones y comités, las emisoras rojas como CNN, BBC, que dictan la agenda mundial que puede resumirse en: ideología de género, multiculturalismo, ecologismo y alguien podría agregar “pacifismo”.
Ningún comunista cultural dirá que alguien se opone al Acuerdo sino que está “en contra de la paz”, un slogan de propaganda barata que les transmite a sus camaradas la firme disposición a mentir cuando así lo exija la línea del partido.
Sufrimos esa especie de blitzkrieg bien definida como “un proceso rápido y eficaz”, del tipo “Acuerdo Ya”, que atropella los acontecimientos en olas que no dan tiempo de asimilar una cuando ya otra cae encima y cuando se reacciona ya todo está consumado, superado por un asunto más urgente y así: es una táctica mediática tomada del asalto militar típico del nacionalsocialismo, ahora adoptado por el socialismo internacional.
Pero después que pasan su aplanadora, algo queda en el fondo echando raíces y a veces los grandes medios se llevan las grandes sorpresas, cuando emerge lo que llamamos corrientes profundas, los fenómenos telúricos, que ellos creen, precisamente, enterrados.
Hace muchos años que Venezuela le está diciendo que NO a Castro y sus amigos en el continente, incluyendo al NYT, pero ponen todo el empeño en ignorar y apabullar.
Así que lo que ocurra será por sorpresa, como el NO de Colombia.
