La Sociedad Interamericana de Prensa dijo que se le restarían funciones a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH
Protagonista. Jaime Mantilla, presidente de la SIP, en la reciente asamblea semestral de ese foro en Puebla, México. [FE/Francisco Guasco]
El presidente de la SIP, Jaime Mantilla, envió una misiva a 19 mandatarios –incluido el presidente, Ricardo Martinelli– así como a 33 representantes diplomáticos del hemisferio occidental ante la Organización de Estados Americanos (OEA), en la que expone su posición y preocupaciones sobre el llamado proceso de reformas y fortalecimiento al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, cuya discusión final está prevista para mañana 22 de marzo.
“La Sociedad Interamericana de Prensa se encuentra preocupada por el comportamiento de algunos gobernantes de la región interesados en consolidar regímenes negados a la separación de los poderes, a la alternabilidad democrática, a la libre iniciativa de las personas, a la fluidez de la opinión pública como elemento de control del funcionamiento de las instituciones del Estado y a la transparencia, a cuyo efecto promueven hegemonías comunicacionales de Estado, y persiguen a la prensa y al periodismo independiente o crítico”, dice Mantilla en su carta.
De igual modo manifiesta que, en dicho contexto, tales gobernantes buscan condicionar su apoyo político y financiero a la OEA y sus órganos, entre estos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Relatoría para la Libertad de Expresión, incluyéndolos en su propósito reformista.
Mantilla, también director del diario ecuatoriano Hoy, advierte de que se busca transformar las instancias mencionadas en vehículos de mera promoción de derechos, limitándolas a las tareas de recibir y conocer las denuncias de violaciones de derechos humanos, de las que son responsables los propios Estados, a la vez que se intenta impedirle la adopción de medidas cautelares de protección que la Comisión demanda de los Estados para asegurar, en casos de urgencia y gravedad, los derechos a la vida y a la integridad personal de las víctimas en general, y de los periodistas en particular.
Financiación
Uno de los aspectos que más preocupan a las organizaciones que tutelan las garantías fundamentales es el de los recursos de la CIDH y la relatoría para operar con eficiencia. Ecuador logró introducir una cláusula que parece inofensiva, pero que impediría el ingreso de fondos de cooperación internacional a la Relatoría para la Libertad de Expresión.
El gobierno de Rafael Correa busca que la asamblea general disponga que la CIDH no pueda recibir fondos “con fines específicos”. Con esta iniciativa, argumentan los conocedores del tema, no se puede solicitar ni recibir contribuciones que estén dirigidas a una oficina específica, o condicionadas a la ejecución de un proyecto determinado. La propuesta que cabildean los países agrupados en la Alianza Bolivariana para los Pueblos de nuestra América (Alba) establece que todas las contribuciones tendrían que ingresar a la CIDH sin consideración adicional.
¿Qué efectos tendría esto? La medida significaría el recorte del 30% de los recursos de toda la CIDH; entre el 60% y el 70% de los recursos de todas las relatorías; y el 100% de los recursos de la Relatoría de Libertad de Expresión. En la actualidad los países y organizaciones donantes especifican la finalidad a la cual dirigen sus aportes; y un gran número de ellos los orientan a la promoción y defensa de los derechos humanos.
Posición de Martinelli
El presidente, Ricardo Martinelli, se comprometió el pasado viernes a rechazar las reformas que impulsan los países aliados al Gobierno de Ecuador. “Es mejor dejar las cosas como están, y de esa manera ha sido instruido el embajador de Panamá ante la Organización de Estados Americanos, Arturo Vallarino”, aseguró.
Este medio trató de conversar por correo electrónico con Vallarino acerca del tema, pero hasta el cierre de esta edición no había logrado contactarlo.
