Al activista cubano José Daniel Ferrer García le resulta difícil recordar una época en la que las autoridades no monitorearan sus movimientos o escucharan sus llamadas telefónicas.
Coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, una organización no reconocida que busca el cambio democrático por medios no-violentos, José Daniel ha sido arrestado en numerosas ocasiones como castigo por su activismo.
Desde el comienzo de su activismo en los 90, estaba acostumbrado a ser detenido arbitrariamente por cortos periodos de tiempo de manera regular y a ser amenazado constantemente con la cárcel.
Por este motivo, cuando dos agentes del Departamento de la Seguridad del Estado le informaron el 15 de marzo de 2003 de que le quedaban pocos días para abandonar sus actividades disidentes o de lo contrario se enfrentaría a un largo periodo en la cárcel, su reacción fue reírse.
“Me habían amenazado tantas veces, con tantos años de cárcel que ya no les creía”, contó José Daniel a Amnistía Internacional.
Sin embargo, tres días después, el 18 de marzo del 2003 –fecha que sería acuñada como la “primavera negra”–, José Daniel fue detenido como parte de un grupo de 75 disidentes políticos en una ola represiva sin precedentes contra el movimiento opositor en la isla.
Todos fueron detenidos bajo cargos falsos relacionados con la seguridad del estado y tras ser sometidos a juicios sumarios fueron condenados a largas penas de hasta 28 años de prisión.
José Daniel fue condenado a 25 años de cárcel acusado de “actos contra la independencia o la integridad territorial del Estado”. Durante su juicio, la fiscalía había solicitado que se le impusiera la pena de muerte, sentencia máxima para ese “crimen”. Lo único que había hecho fue ayudar a organizar una campaña pidiendo un referéndum sobre una reforma legal que pretendía conseguir mayores libertades personales, políticas y económicas en su país.
Todos los 75 fueron declarados “presos de conciencia” por Amnistía Internacional, ya que habían sido condenados exclusivamente por el ejercicio pacífico de sus libertades fundamentales.
Durante su estancia en la cárcel, José Daniel fue transferido entre varias instituciones penales a lo largo del país – lo cual dificultaba las visitas de su esposa y tres hijos.
En julio del 2010, tras la intervención de la Iglesia Católica Cubana, las autoridades cubanas aceptaron liberar a la totalidad de los 75 que quedaban en la cárcel, entre ellos, José Daniel.
Los disidentes políticos fueron liberados bajo “licencia extra penal” – no retiraron los cargos en su contra pero les permitieron cumplir el resto de su pena fuera de la cárcel. La mayoría de ellos, sin embargo, se vieron obligados a exiliarse a España.
José Daniel se negó a salir de Cuba y finalmente no fue liberado hasta marzo del 2011.
Desde su liberación, sigue sufriendo hostigamiento – principalmente en la forma de detenciones de corta duración con el objetivo de impedirle llevar a cabo su activismo, que incluye asistir a reuniones privadas y eventos públicos. Su casa ha sido allanada por las fuerzas de seguridad del estado y su ordenador confiscado.
En agosto de 2012, fue detenido durante 36 horas en la provincia de Holguín, antes de quedar en libertad sin cargos. En abril de 2012, fue detenido durante 27 días acusado de “desordenes públicos” en su provincia de residencia, Santiago de Cuba, y fue liberado bajo condición de que abandonara su activismo político, algo que se negó a hacer. Dos meses antes, había sido arrestado en la Habana y recluido en régimen de incomunicación durante tres días.
“El catálogo de represión y hostigamiento sufrido por José Daniel Ferrer García desde su liberación, ilustra la estrategia actual de las autoridades cubanas bajo la cual los activistas son detenidos durante cortos períodos de tiempo para disuadirles de denunciar violaciones de derechos humanos en el país”, dijo Javier Zúñiga, asesor especial de Amnistía Internacional.
Según la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional – una organización cuyo reconocimiento legal ha sido negado en Cuba – se han producido al menos 504 detenciones arbitrarias este febrero, mientras la agencia de noticias no oficial Hablemos Press ha reportado que 40 periodistas y blogueros independientes han sido detenidos arbitrariamente en lo que va de año.
Prohibición de viajar
Una nueva ley que entró en vigor en enero ha eliminado la necesidad de un permiso para viajar al extranjero, facilitando la salida de cubanos y la entrada de cubanos que viven en el exterior.
La bloguera Yoani Sánchez y la portavoz de la ONG Damas de Blanco, Berta Soler, han podido recientemente salir de Cuba, algo que parecía imposible hace sólo unos meses.
Sin embargo, cuando José Daniel se enteró de estos cambios en la ley migratoria, supo que este avance histórico no implicaría muchos cambios en su situación. El hecho de que siga cumpliendo su sentencia significa que no podrá solicitar un pasaporte hasta el cumplimiento de esta en 2028.
Amnistía Internacional considera que José Daniel y los otros activistas fueron condenados exclusivamente por el ejercicio pacífico de sus opiniones y que sus condenas deben ser anuladas de forma inmediata.
Para los activistas condenados durante la ola de represión en 2003 y obligados a exiliarse, incluyendo al periodista Pablo Pacheco, es poco probable que la liberalización de las restricciones para viajar les permita volver a Cuba con sus familias.
Pablo fue originalmente condenado a 20 años de cárcel bajo una ley que prohíbe la entrega de información a los Estados Unidos susceptible de ser utilizada para reforzar las medidas anti cubanas. Fue liberado en julio del 2010, bajo condición de que él y su familia se exiliaran en España.
“Las condiciones carcelarias eran terribles – celdas solitarias sin luz natural y un aseo en la misma celda. Perdí 13 kilos y sufrí daños duraderos en mis rodillas. Mi familia solo podía visitarme una vez cada tres meses”, dijo a Amnistía Internacional.
Pablo todavía recuerda vívidamente el último día que pasó en Cuba.
Fue transferido directamente de la cárcel al aeropuerto, donde se encontró con su esposa e hijo. Pasaron casi dos años en España y luego se mudaron a Miami debido a que la crisis económica en el país europeo dejó pocas oportunidades de trabajo para él y su esposa.
Pablo dijo a Amnistía Internacional que quiere volver a Cuba porque su familia y amigos están allí, pero que no estará listo para volver hasta que el país se convierta en una democracia verdadera.
Cargos falsos
Las autoridades cubanas siguen utilizando cargos falsos de delitos como “desacato”, “desordenes públicos”, “ultraje” y “peligrosidad” para encarcelar a oponentes del gobierno.
Amnistía Internacional ha declarado recientemente presos de conciencia a dos activistas encarcelados – condenados exclusivamente por el ejercicio pacífico de sus opiniones.
El periodista Calixto Martínez Arias, miembro fundador de Hablemos Press, fue detenido el 16 de septiembre del 2012 cerca del aeropuerto de la Habana por la Policía Revolucionaria de Cuba. Había estado investigando las denuncias de que los medicamentos proporcionados por la Organización Mundial de la Salud para combatir la epidemia de cólera se guardaban en el aeropuerto en lugar de distribuirse, ya que el gobierno cubano estaba, al parecer, tratando de restar importancia a la gravedad de la epidemia.
Cuando protestó en la comisaría por su detención, fue golpeado y rociado con pulverizador de pimienta en los ojos, y entonces gritó: “abajo Raúl”, “abajo Fidel” y fue acusado de “desacato” hacia el presidente Raúl Castro y Fidel Castro.
Calixto – contra quien la fiscalía aún no ha presentado cargos formales – inició una huelga de hambre el 6 de marzo para protestar contra su detención.
Marcos Máiquel Lima Cruz esta cumpliendo actualmente una sentencia de 3 años, tras ser detenido el 25 de diciembre de 2010 en su casa de Holguín por poner canciones de un grupo cubano de hip-hop cuyas letras critican la falta de libertad de expresión en Cuba, y por bailar delante de su casa sosteniendo una bandera cubana. Fue condenado por “ultraje a los símbolos de la patria” y “desórdenes públicos”.
Para José Daniel, en los últimos 10 años desde la ola de represión, no ha habido una mejora en la situación de los derechos humanos en Cuba. La liberalización de las restricciones de viajar es sólo “una cortina de humo” pues seguirá siendo el estado cubano quien decide quien puede o no puede salir. Al mismo tiempo, otras libertades fundamentales siguen siendo reprimidas y esa represión va aumentando.”
“La sociedad civil en Cuba ya ha perdido su miedo de hablar en voz alta”, dijo Pablo Pacheco, “y el mundo necesita apoyar sus esfuerzos”.
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