En la sesión de la Asamblea Nacional celebrada en diciembre de 2010 se planteó que se incorporarían al sector no estatal un millón 800 mil personas hasta 2015 (1) adicionales a los que ya existían.
No se puede precisar la cifra exacta actual de trabajadores en esta esfera de la economía, que comprende: unos 476 mil por cuenta propia; alrededor de 230 mil cooperativistas agropecuarios (2); los que laboran en las 329 cooperativas no agropecuarias constituidas; unos 170 mil usufructuarios de tierras; y habría que añadir centenares de carretilleros que pululan en las calles y vendedores ilegales, que exhiben sus mercancías públicamente, y las autoridades se hacen de la vista gorda.
Como la Constitución de la República solo reconoce la propiedad de los agricultores pequeños, las cooperativas agropecuarias y la propiedad personal(3), el resto de los actores en ese escenario están sujetos a una posible eliminación, como ha ocurrido en más de una ocasión con el trabajo por cuenta propia.
En este último caso la Resolución No. 353/13 del Ministerio de Finanzas y Precios establece una verdadera camisa de fuerza al determinar límites de gastos a deducir para calcular los ingresos personales, por lo que cuando los gastos reales son superiores a esas normas, como es usual, tienen que tributar cantidades mayores a las que les corresponderían.
La gestión no estatal y en particular los trabajadores por cuenta propia, están siendo amenazados con incrementar -aún más- el pago de sus impuestos, ya que se alega que existe evasión y que se producen subdeclaraciones de ingresos por ventas y servicios, aunque ello podría ser un intento por exprimir aún más el sector; porque puede apreciarse que los ingresos del Estado asociados a esta actividad tuvieron un elevado incremento de un 29% el año pasado. A ello se unen los recargos por mora y las multas por violaciones de lo establecido, que explican la alta cantidad de bajas en el sector.
Hay que tener en cuenta que pese al incremento que ha tenido el cuentapropismo, muchos de los nuevos negocios no pudieron consolidarse y prosperar. Esto lo explica el hecho de que al cierre de 2013 se habían producido más de 407 mil bajas acumuladas desde 2010(4); por lo que si continúan elevando los impuestos, posiblemente se detenga y comience a retroceder este sector.
Un caso publicado en la prensa en 2013(5) estaba referido a los cuentapropistas legales que vendían ropa y/u otros artículos importados más baratos y de mejor calidad que en las Tiendas de Recaudación de Divisas, y se les concedió un plazo hasta el final de ese año para liquidar los inventarios(6). Por esa fecha se prohibió la exhibición de filmes en salas de 3D y los juegos computacionales. En consecuencia se emitió el Decreto-Ley 315 que establece el decomiso de herramientas y materias primas, a quienes realicen esas actividades, fueran trabajadores legales o ilegales(7).
En esas condiciones, hoy en día, pasado el mal momento, aquellos vendedores que exhiben mercancías industriales -casi siempre importadas- en los portales de varias avenidas, están sujetos a que se las incauten.
Tampoco deberían sentirse muy tranquilos los comercios y centros gastronómicos -de cierto lujo- que se han abierto –en la mayoría de los casos- con aportes del exterior y algunos de ellos vinculaciones a cooperativas agropecuarias.
Un aspecto que debe preocupar a la población, es el traspaso de unas 13 mil unidades de servicio gastronómico, técnicos y profesionales, del Estado a cooperativas no agropecuarias o arrendatarios; donde -como es lógico- se ofrecerá un servicio de mayor calidad, pero a precios más elevados.
¡Los pesimistas en Cuba tienen casi siempre la razón!
(1)Periódico Granma 16 de diciembre de 2010.
(2)Periódico Granma primero de diciembre de 2014.
(3)Constitución de la República. Artículos 19, 20 y 21.
(4)Granma 31 de enero de 2014.
(5)Periódico Granma 24 de septiembre de 2013.
(6)Periódico Granma 2 de noviembre de 2013.
(7)Periódico Granma 2 de noviembre de 2013.
