En 2010 y 2011, el gobierno de Cuba liberó a decenas de presos políticos a cambio de que aceptaran exiliarse. Desde entonces, han sido menos frecuentes las penas de prisión prolongadas contra disidentes y se han relajado las draconianas restricciones para viajar que mantenían divididas a familias e impedían que críticos pudieran salir del país y regresar a la isla.
No obstante, el gobierno cubano continúa reprimiendo a personas y grupos que critican al gobierno o reivindican derechos humanos fundamentales. Los funcionarios aplican una variedad de tácticas para castigar el disenso e infundir temor entre la población, incluidas golpizas, actos de repudio, despidos y amenazas de largas penas de prisión. En los últimos años se incrementó vertiginosamente la cantidad de detenciones arbitrarias por períodos breves, que impiden que defensores de derechos humanos, periodistas independientes y otras personas puedan reunirse o trasladarse libremente.
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