La fundación que preside José María Aznar avisa de que se corre el riesgo de legitimar una dictadura inmovilista
Los parlamentos nacionales de la UE deben frenar el acuerdo que los Veintiocho han suscrito con Cuba si no se producen en la isla avances en el respeto de los derechos humanos y las libertades. Esta es la petición que la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES) que preside José Manuel Aznar ha hecho pública en uno de sus análisis.
En un artículo, la fundación avisa de que la represión contra la oposición pacífica al régimen castrista continúa, por lo que insta a los parlamentos de los países de la UE a que, si esos cambios no se producen sin dilaciones, “deberían dejar en suspenso la ratificación de un acuerdo que, de lo contrario, sólo servirá para apuntalar un régimen opresivo que está dispuesto a cambiar únicamente lo necesario para que nada cambie”.
La UE y Cuba firmaron el pasado 12 de diciembre un acuerdo bilateral que normaliza las relaciones
La UE y Cuba firmaron el pasado 12 de diciembre un acuerdo bilateral que normaliza las relaciones y revoca la llamada Posición Común de la UE sobre Cuba, impulsada por Aznar en 1996 y que condicionaba cualquier profundización de los lazos con la isla a que se produjeran avances democráticos y en el respeto de los Derechos Humanos.
Al tratarse de un acuerdo ‘mixto’, debe ser ratificado también por todos los Estados miembros. No obstante, antes debe recibir el visto bueno del pleno del Parlamento Europeo. Cuando esto ocurra, el acuerdo podrá comenzar a aplicarse de manera provisional y parcial, únicamente aquellas partes que son competencia europea, es decir, el 80% del total, han informado fuentes comunitarias.
FAES sostiene que “la vocación de cambio o apertura democrática del régimen es, sencillamente, nula”
Si en el acto de la firma del acuerdo la Alta Representante de Política Exterior de la UE, Federica Mogherini, afirmaba que Cuba está “cambiando profundamente”, FAES sostiene que “la vocación de cambio o apertura democrática del régimen es, sencillamente, nula”.
La fundación recuerda que hasta 93 presos políticos siguen en las cárceles y llama la atención sobre el hecho de que este 2016 se han producido más detenciones por motivos políticos que el año anterior, cuando la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional -independiente, pero tolerada por el régimen- documentó 8.616 arrestos.
“Se evitan las exigencias al castrismo respecto a avances democráticos y respeto a los derechos humanos”
FAES se queja de que la UE, como la Administración Obama, decida promover las relaciones diplomáticas, económicas y comerciales “mientras se evitan las exigencias al castrismo respecto a avances democráticos y respeto a los derechos humanos”. “Ni en el texto del nuevo acuerdo ni en la intervención de Mogherini hay una mínima mención a la represión sufrida por todos los cubanos, y muy especialmente por unos disidentes y presos de conciencia que empezaron viendo cómo en 2007 se les cerraban las puertas de las embajadas europeas en La Habana y hoy se sienten dejados a su suerte por las principales democracias europeas”, lamenta la fundación.
Priman los intereses comerciales
De ahí que FAES considere que el compromiso con los derechos humanos que representaba la Posición Común “cede la prioridad a los intereses comerciales y económicos, cuyo potencial bajo un régimen comunista se encuentra sin duda sobrevalorado”. “Podría ocurrir que por preferir el comercio a la democracia, al final no se consiga ni lo uno ni lo otro”, advierte. La derogación de la Posición Común se convierte así, a ojos de FAES, es “un éxito político de la dictadura castrista que, lejos de estimular las reformas, legitima el inmovilismo”.
Para la fundación, el único resultado visible hasta la fecha del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Cuba y EEUU ha sido un aumento en el número de turistas norteamericanos que visitan la isla. Pero FAES también lanza una recomendación a la oposición cubana, a la que anima a unirse para que pueda presentarse ante los cubanos con una “voz única que les legitime como el motor del cambio democrático, también ante la comunidad internacional”.
