La disidencia pide no obviar las exigencias al Gobierno cubano en materia de Derechos Humanos y diálogo entre todas las partes
El Gobierno español ha manifestado, en similitud al resto de Estados Miembros de la Unión Europea, que el nuevo Acuerdo de la Unión Europea (UE) con Cuba podría resultar una contribución eficaz para promover la transición en Cuba y acelerar los procesos de reforma económica y política en dicho país, si es que llega a concluirse. No hay que olvidar que la Unión Europea mantiene relaciones bilaterales fluidas con una amplia mayoría de países iberoamericanos, comunidad geográfica en la que Cuba está integrada, ostentando en la actualidad la presidencia pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). Tampoco hay que obviar que las líneas maestras de las relaciones entre la Unión Europea y Cuba están contenidas en la Posición Común adoptada por la Unión Europea (UE) desde el pasado dos de diciembre de 1996 y que continúa en vigor.
De esta manera ha contestado el Ejecutivo como respuesta a la pregunta formulada por el máximo responsable del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados, Teófilo de Luis, sobre requerimiento por el Gobierno como condición indispensable para el desarrollo del Acuerdo de Cooperación entre Europa y la República de Cuba del reconocimiento de la libertad sindical por las autoridades isleñas.
Por lo visto, y según se informa a esta corresponsal desde la Cámara Baja a través de la citada respuesta parlamentaria, el Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión Europea de Noviembre de 2012, analizó diversas posibilidades para hacer más presente y eficaz la política de la Unión Europea respecto a Cuba. Como seguimiento de estos debates, el Servicio Europeo de Acción Exterior presentó, a consideración de los Estados Miembros, la posibilidad de iniciar negociaciones para un Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación con Cuba presentando un proyecto de mandato negociador cuyo debate se está ultimando en el seno del Consejo.
En este sentido, el Acuerdo de la Unión Europea con Cuba tratará de unificar la política de la Unión Europea hacia Cuba dispersa, actualmente, en 17 tratados bilaterales. Contemplará un diálogo político, -en el que se abordarán las cuestiones relativas a todos los derechos humanos, incluido el de sindicación,- un diálogo económico y la política de cooperación de la Unión Europea con Cuba. Dicho acuerdo se enmarca en la propia Posición Común, -que continuará en vigor durante la negociación-, y tendrá como objetivo primordial el posicionar a la Unión Europea para promover en Cuba una transición hacia un régimen democrático con pleno respeto a los derechos humanos.
El objetivo del acuerdo es compendiar el nivel actual de relaciones bilaterales entre la Unión Europea y Cuba y promover los procesos de reforma en el país a través de un diálogo orientado a la consecución de resultados con especial hincapié en la reforma política, la sociedad civil, la cooperación al desarrollo, la promoción comercial y el enfoque regional en el Caribe. Como en el resto de acuerdos de la Unión Europea con terceros Estados, se incorporarán las cláusulas estándar, incluida la referida a democracia, libertades fundamentales y derechos humanos.
Este nuevo marco en las relaciones de la Unión Europea (UE) con Cuba, no parece haber satisfecho a miembros de la disidencia exterior, quienes a través del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, han elevado una carta dirigida a los Ministros de Exteriores de cada Estado miembro de la Unión Europea y de la que se desprende que, sería un error que, por las razones que fuere, se destierre de cualquier proceso o marco favorecedor a este diálogo con el gobierno de la Isla, las exigencias en materia de Derechos Humanos. “No entendemos que el bien de los cubanos desde el punto de vista social, económico, político y cultural, pueda realizarse en un contexto de represión y limitaciones a los derechos y libertades fundamentales, como el actual”. En este sentido, la existencia de una “cláusula democrática”, ya sea de aplicación previa o de carácter suspensivo, debe formar parte del contenido de cualquier instrumento europeo que afecte a la generalidad de los cubanos.
Según resalta la carta, cualquier acuerdo bilateral de la UE con Cuba que no tenga en cuenta el asunto de los derechos humanos con la gravedad que la situación reclama, iría en detrimento de la propia Posición Común e implicaría una renuncia al paradigma que representa la Unión Europea. Si de verdad se quiere favorecer un proceso de transición habría que comenzar por incluir a todos los actores de la sociedad civil y la oposición, en Cuba y en el exilio, en las iniciativas que afecten a los intereses generales de los cubanos. De lo contrario, simplemente nos encontraríamos ante un acuerdo incompleto y poco verosímil, favorable a intereses ajenos a sus nobles pretensiones, que no beneficiaría a la sociedad cubana, quien seguramente lo interpretará como un mero continuismo en la aceptación de las reglas excluyentes de La Habana o (en el mejor de los casos) como un acto ingenuo y fallido.
La misiva concluye diciendo que la dignidad humana y las libertades de todos deben ser respetadas; el país no pertenece solamente a las autoridades, por mucho que lo hayan pretendido durante más de medio siglo. De ahí la necesidad de nuestras dos consideraciones.
“En resumen: respeto a los Derechos Humanos y diálogo incluyente con los cubanos y entre los cubanos”.
